2013



FERRICIDIO III:

HACERSE 

CARGO
DE SUS
Actos.
Por: 
Ernesto 
Bobek 
Cáceres.

   Abogado (Justa Causa)

ebobek@fibertel.com.ar

Existen algunas teorías jurídicas que han sentado sólidas bases en la jurisprudencia universal. 

Un palpable ejemplo de ello es la doctrina de los actos propios, uno de cuyos mentores fue Luis Diez Picazo, catedrático y magistrado español. 

El Dr. Alejandro Borda sostiene criteriosamente que constituye una creación jurídica derivada del principio de la buena fe entre las partes, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. 
Estos preceptos, según pacífica doctrina son aplicables a la Administración Pública. 

Y es precisamente en esta instancia y en nuestro país, donde la sabia y coherente teoría irremisiblemente se hunde en las insondables profundidades de las conveniencias políticas de mayorías o minorías circunstanciales que desde el gobierno logran la aquiescencia o el silencio de quienes debieran como oposición ejercer el debido contralor constitucional de los actos de gobierno. De estas malas prácticas de los peores gobiernos podríamos extraer máximas tales como: “El Estado no permitirá que le hagas lo que el Estado te hace a ti”;

 “La Justicia es mejor o peor de acuerdo a si convalida lo que el gobierno quiere, así ese deseo viola la constitución”. 
Es en estos tiempos donde con mayor fuerza y desde distintos estamentos gubernamentales repica la absurda muletilla de la “Democratización de la Justicia” -pretensión inviable si la hay- desde donde se pretende domesticar magistrados para que fallen contra derecho. 
La sociedad mira expectante lo que acontecerá judicialmente con el ferricidio que en febrero de 2011 dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos en un hecho que no fue accidental. Van a juicio oral 28 imputados, entre los que se encuentran ex funcionarios de primera línea del actual gobierno como Ricardo Jaime -éste imputado en muchas otras causas por gravísimos delitos en perjuicio de la administración pública-, Juan Pablo Schiavi, y Claudio Cirigliano. 
Muchos de estos con sus defensas van a pretender derivar las responsabilidades que indudablemente les caben hacia terceros, aprovechando las intrincadas marañas de la burocracia estatal. Y es acá donde los ciudadanos comprometidos e interesados en el cumplimiento irrestricto de la ley observarán atentamente el desarrollo del juicio oral que tendrá lugar por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2. 
Como refiriera en “Ferricidio II. La Ruta del Dinero”, desde hace diez años se destinan unos dos millones de dólares diarios al sistema ferroviario, por lo que la investigación se deberá centrar en la ecuación “recursos derivados/recursos aplicados”. Y es así que de los 28 imputados, una gran parte deberá explicar qué se hizo con el dinero destinado a reparaciones y renovación de material, que evidentemente no llegó a destino, con desprecio por la salud y la vida del prójimo. 
Las penas por los delitos, a mi modesto entender con dolo por representación que de momento se les imputan, llegan hasta los 11 años de prisión (Descarrilamiento culposo y Fraude a la Administración Pública). 

Tras tanto dolor provocado en forma criminal a la sociedad, esencialmente las víctimas y sus familiares, llega el momento en que los responsables cumplan las penas de privación de libertad a que se han hecho acreedores, como asimismo sufragar de su peculio las indemnizaciones por la responsabilidad civil que le quepa a cada uno en mérito a los daños provocados. 
Son muchos los que ruegan que a los magistrados, -en quienes se deposita la mayor confianza de criterio e imparcialidad-, no les tiemble el pulso para que ante responsabilidades comprobadas apliquen penas de cumplimiento efectivo en establecimientos carcelarios sin ningún tipo de beneficio. El pueblo argentino no quiere ni pide venganza. Exige Justicia, que es ni más ni menos que lo que corresponde. 
CABA, 28 de marzo de 2013