2013
UNGOBIERNO
DISFRAZADO
DE
ESTADO.
Por
Ernesto
Bobek
Cáceres.
Las medidas para “democratizar la Justicia” resultaron tan previsibles como ilegítimas. Muchos rehuyeron al convite de escuchar a la presidente y sus aplaudidores. Ya en 2006 el kirchnerismo modificó la constitución del Consejo de la Magistratura, aumentando el número de sus miembros para lograr el control de la designación y remoción de funcionarios judiciales.
El anuncio de una nueva reforma, no tiene otro objetivo que disponer de una mayoría automática que nombre y remueva jueces a discreción. El disciplinamiento de la Justicia es el objetivo primordial y una avanzada de ulteriores medidas, como la añorada modificación de la Constitución para permitir la re reelección. A falta de sucesores familiares, y con el peligro de traiciones y complots que podrían implicar cualquier candidato que no sea Ella, se va tejiendo una trama de modificaciones a la esencia de nuestras más aquilatadas leyes, partiendo de la misma Constitución.
El palabrerío que se dispara a fin de justificar los pretendidos cambios para modernizar el país, son pura cháchara. En los hechos, la titular del Ejecutivo pretende carta blanca para lograr la suma del poder público. No pudo doblegar a la Justicia porque tenemos una Suprema Corte responsable y digna y muchos jueces probos. Pero el “modelo” no acepta negativas a caprichos legítimos o ilegítimos.
De los 6 puntos planteados, tres no ameritan mayores comentarios. Uno es absurdo, ya que crear Cámaras de Casación en distintos fueros no dará celeridad a los procesos, sino por el contrario creará más burocracia. Siempre en última instancia va a estar la Suprema Corte. En definitiva son dos de los seis puntos los motores del Ejecutivo para lograr la suma del poder público: 1) Elevar de 13 a 19 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, dejando librado a la elección popular la elección de los mismos. 2) Una ley de regulación de las medidas cautelares contra el Estado y entes descentralizados.
La modificación de la composición del Consejo le garantiza al gobierno nombrar y destituir a quien quiera de acuerdo a su funcionalidad con el gobierno. Magistrado que falla en contra del gobierno se va y se reemplaza por uno que se limite a escribir fallos que le mandan desde el Ejecutivo.
Eliminar las medidas cautelares contra leyes ilegítimas o DNU que van a brotar de cada capricho que se le ocurra al Ejecutivo es sencillamente reconocer que no se va a respetar la división y el debido contralor de poderes que impone la Constitución Nacional. Mañana el Congreso puede votar una ley que permita el homicidio. Queda en evidencia que lo legal no es necesariamente lícito.
La presidente ironizó acerca de magistrados que no escuchan mandatos de la Corte, pero parece haber olvidado la orden expresa de esa misma Corte de reponer en su cargo a un procurador general de una provincia del sur, así como las recomendaciones sobre el pago de los reclamos de los jubilados que se seguirán acumulando hasta que se cansen de reclamar o se mueran. Justicia para Todos no es un capítulo del modelo.
En toda democracia el control de constitucionalidad de las leyes le compete al Poder Judicial. Y eso es lo que arteramente se pretende modificar. Por más que la mona se vista de seda, mona queda. Las leyes se dictan desde el Legislativo, pero además de útiles a la sociedad, deben ser legítimas.
Por definición, un candidato resulta elegido por el pueblo para gobernar criteriosamente y tendiendo al bien común.
El anuncio de una nueva reforma, no tiene otro objetivo que disponer de una mayoría automática que nombre y remueva jueces a discreción. El disciplinamiento de la Justicia es el objetivo primordial y una avanzada de ulteriores medidas, como la añorada modificación de la Constitución para permitir la re reelección. A falta de sucesores familiares, y con el peligro de traiciones y complots que podrían implicar cualquier candidato que no sea Ella, se va tejiendo una trama de modificaciones a la esencia de nuestras más aquilatadas leyes, partiendo de la misma Constitución.
El palabrerío que se dispara a fin de justificar los pretendidos cambios para modernizar el país, son pura cháchara. En los hechos, la titular del Ejecutivo pretende carta blanca para lograr la suma del poder público. No pudo doblegar a la Justicia porque tenemos una Suprema Corte responsable y digna y muchos jueces probos. Pero el “modelo” no acepta negativas a caprichos legítimos o ilegítimos.
De los 6 puntos planteados, tres no ameritan mayores comentarios. Uno es absurdo, ya que crear Cámaras de Casación en distintos fueros no dará celeridad a los procesos, sino por el contrario creará más burocracia. Siempre en última instancia va a estar la Suprema Corte. En definitiva son dos de los seis puntos los motores del Ejecutivo para lograr la suma del poder público: 1) Elevar de 13 a 19 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, dejando librado a la elección popular la elección de los mismos. 2) Una ley de regulación de las medidas cautelares contra el Estado y entes descentralizados.
La modificación de la composición del Consejo le garantiza al gobierno nombrar y destituir a quien quiera de acuerdo a su funcionalidad con el gobierno. Magistrado que falla en contra del gobierno se va y se reemplaza por uno que se limite a escribir fallos que le mandan desde el Ejecutivo.
Eliminar las medidas cautelares contra leyes ilegítimas o DNU que van a brotar de cada capricho que se le ocurra al Ejecutivo es sencillamente reconocer que no se va a respetar la división y el debido contralor de poderes que impone la Constitución Nacional. Mañana el Congreso puede votar una ley que permita el homicidio. Queda en evidencia que lo legal no es necesariamente lícito.
La presidente ironizó acerca de magistrados que no escuchan mandatos de la Corte, pero parece haber olvidado la orden expresa de esa misma Corte de reponer en su cargo a un procurador general de una provincia del sur, así como las recomendaciones sobre el pago de los reclamos de los jubilados que se seguirán acumulando hasta que se cansen de reclamar o se mueran. Justicia para Todos no es un capítulo del modelo.
En toda democracia el control de constitucionalidad de las leyes le compete al Poder Judicial. Y eso es lo que arteramente se pretende modificar. Por más que la mona se vista de seda, mona queda. Las leyes se dictan desde el Legislativo, pero además de útiles a la sociedad, deben ser legítimas.
Por definición, un candidato resulta elegido por el pueblo para gobernar criteriosamente y tendiendo al bien común.
El mandato es por un tiempo limitado. Cuando un gobierno se disfraza de Estado, pretendiendo confundir una persona o partido político con la Nación algunos no lo notan. Muchos por espurios intereses, y otros por un desinterés casi suicida por lo público.
Referido al delicado tema, es de esperar que la actividad del arco opositor -para llamar de alguna manera a quienes hoy siguen demostrado desinterés en dialogar y buscar mínimos consensos- no se limite a no haber concurrido al democratizador anuncio.
CABA, 8 de abril de 2013 Abogado (Justa Causa)
Referido al delicado tema, es de esperar que la actividad del arco opositor -para llamar de alguna manera a quienes hoy siguen demostrado desinterés en dialogar y buscar mínimos consensos- no se limite a no haber concurrido al democratizador anuncio.
CABA, 8 de abril de 2013 Abogado (Justa Causa)
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