OMISIÓN DE PREVENCIÓN E INSEGURIDAD
Por Ernesto Bobek Cáceres.
Abogado (Justa Causa)
ebobek@fibertel.com.ar
Aún quienes no somos moyanistas, reconocemos que el reclamo respecto al impuesto a las ganancias es justo, esencialmente para quienes tienen sueldos -y no ganancias- de entre $ 6.000.- y $ 14.000.-, éstos últimos con dos o más hijos.
Si la convocatoria del secretario general de la central obrera resultase un fracaso -que es a lo que apunta el oficialismo convenciendo como sea a quienes habían comprometido su asistencia para que no lo hagan-, el gobierno aducirá, tal como lo adelantó hace unos días el pasquín El Argentino en titular catástrofe, que “Moyano se quedó solo”.
Si por el contrario, el camionero llena la plaza y no se producen incidentes, que es lo deseable, el cristinismo intentará que el triunfo de Moyano pase sin pena ni gloria en la forma más desapercibida posible. Ya tienen muchas fichas a favor: Habrá transporte público, tanto transporte colectivo como subterráneos y trenes y también funcionarán los bancos. Lo único que puede verse un tanto alterado es el transporte aéreo.
De producirse incidentes en Plaza de Mayo, se pueden dar escenarios impredecibles. La presidente anunció que no va a proporcionar seguridad para la marcha y solicitó que la Justicia la procese a ella si algo ocurriera, porque “…no voy a permitir que a ningún gendarme le pase algo…Le dí instrucciones al Secretario de Seguridad y a la Ministra de Seguridad para que no haya personal de seguridad durante el tránsito de personas…no es justo tampoco que los trabajadores (se refería al personal de fuerzas de seguridad) tengan que ser insultados, escupidos o empujados…”.
Resulta paradójico escuchar tamaños dichos de quienes son gobierno desde hace 9 años, y a lo largo de los mismos permitieron que miembros de las fuerzas de seguridad fueran no solo basureados y escupidos, sino también seriamente lesionados por delincuentes que simpatizaban con el kirchnerismo. Debería recordar también la presidente que en muchas ocasiones se obligó al personal de las fuerzas del orden a concurrir desarmados a manifestaciones con concentración de gente de alto riesgo, con sus caras cubiertas, palos, fierros y bombas molotov entre otras delicias. También ese personal tenía instrucciones expresas de no reprimir ningún tipo de agresión.
Rogaremos que no se produzcan incidentes que redunden en aún más enfrentamientos que los que ha provocado el gobierno muchas veces con la inestimable colaboración de quienes hoy se encuentran en la vereda de enfrente.
Se ocasionen o no dichos incidentes, la nota de mayor gravedad la dio la propia presidente cuando asumió públicamente que podía ser procesada por ello. Al manifestarlo, quedó al filo del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que estaría faltando a su deber como funcionaria pública, lo estaría reconociendo, y aún así afirma que asume sus consecuencias. El hecho merece el análisis de un fiscal, quien también deberá ordenar en su caso se investigue a todos los funcionarios públicos que se encontraban en la alocución de la primera mandataria y se pusieron de pie para aplaudir y apoyar sus dichos, a fin de analizar la posible responsabilidad de los mismos, en calidad de partícipes o cómplices.
Nunca es bueno jugar con fuego, pero menos aún que lo haga la persona que tiene el cargo de mayor responsabilidad en la República. La seguridad no es una gracia o merced que nos dispensan quienes nos gobiernan. Procurarla y brindarla es una indelegable función del Estado. Esa necesaria seguridad, sale de los bolsillos de los ciudadanos y no puede quedar supeditada ni condicionada por el capricho de funcionarios públicos.
Si nos dejáramos llevar por los parámetros que expuso nuestra presidente, no nos debería extrañar que en una semana pudiera manifestar que tomó conocimiento que distintos incendios que se produjeron a lo largo del tiempo provocaron lesiones y principios de asfixia a las personas especializadas, preparadas y encargadas de sofocarlos. Consecuentemente podría disponer que se desmantelen todos los cuarteles de bomberos. Podría agregar que si algo comienza a arder, que arda, pero que no puede permitir que esos muchachos corran riesgos, cuando no son responsables de haber provocado el fuego ni de su propagación.
Los temerarios dichos de la primera mandataria provocan alarma y consternación. Así como la inseguridad jurídica propiciada y alentada por miembros del actual gobierno ha asestado durísimos golpes a la industria, el agro y el comercio, la seguridad ambulatoria de los argentinos ha quedado reducida a la nada. Es así que la inseguridad, - hoy principal preocupación de los argentinos-, se ha convertido en la nave insignia del fracasado modelo nacional y popular.
Si la convocatoria del secretario general de la central obrera resultase un fracaso -que es a lo que apunta el oficialismo convenciendo como sea a quienes habían comprometido su asistencia para que no lo hagan-, el gobierno aducirá, tal como lo adelantó hace unos días el pasquín El Argentino en titular catástrofe, que “Moyano se quedó solo”.
Si por el contrario, el camionero llena la plaza y no se producen incidentes, que es lo deseable, el cristinismo intentará que el triunfo de Moyano pase sin pena ni gloria en la forma más desapercibida posible. Ya tienen muchas fichas a favor: Habrá transporte público, tanto transporte colectivo como subterráneos y trenes y también funcionarán los bancos. Lo único que puede verse un tanto alterado es el transporte aéreo.
De producirse incidentes en Plaza de Mayo, se pueden dar escenarios impredecibles. La presidente anunció que no va a proporcionar seguridad para la marcha y solicitó que la Justicia la procese a ella si algo ocurriera, porque “…no voy a permitir que a ningún gendarme le pase algo…Le dí instrucciones al Secretario de Seguridad y a la Ministra de Seguridad para que no haya personal de seguridad durante el tránsito de personas…no es justo tampoco que los trabajadores (se refería al personal de fuerzas de seguridad) tengan que ser insultados, escupidos o empujados…”.
Resulta paradójico escuchar tamaños dichos de quienes son gobierno desde hace 9 años, y a lo largo de los mismos permitieron que miembros de las fuerzas de seguridad fueran no solo basureados y escupidos, sino también seriamente lesionados por delincuentes que simpatizaban con el kirchnerismo. Debería recordar también la presidente que en muchas ocasiones se obligó al personal de las fuerzas del orden a concurrir desarmados a manifestaciones con concentración de gente de alto riesgo, con sus caras cubiertas, palos, fierros y bombas molotov entre otras delicias. También ese personal tenía instrucciones expresas de no reprimir ningún tipo de agresión.
Rogaremos que no se produzcan incidentes que redunden en aún más enfrentamientos que los que ha provocado el gobierno muchas veces con la inestimable colaboración de quienes hoy se encuentran en la vereda de enfrente.
Se ocasionen o no dichos incidentes, la nota de mayor gravedad la dio la propia presidente cuando asumió públicamente que podía ser procesada por ello. Al manifestarlo, quedó al filo del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que estaría faltando a su deber como funcionaria pública, lo estaría reconociendo, y aún así afirma que asume sus consecuencias. El hecho merece el análisis de un fiscal, quien también deberá ordenar en su caso se investigue a todos los funcionarios públicos que se encontraban en la alocución de la primera mandataria y se pusieron de pie para aplaudir y apoyar sus dichos, a fin de analizar la posible responsabilidad de los mismos, en calidad de partícipes o cómplices.
Nunca es bueno jugar con fuego, pero menos aún que lo haga la persona que tiene el cargo de mayor responsabilidad en la República. La seguridad no es una gracia o merced que nos dispensan quienes nos gobiernan. Procurarla y brindarla es una indelegable función del Estado. Esa necesaria seguridad, sale de los bolsillos de los ciudadanos y no puede quedar supeditada ni condicionada por el capricho de funcionarios públicos.
Si nos dejáramos llevar por los parámetros que expuso nuestra presidente, no nos debería extrañar que en una semana pudiera manifestar que tomó conocimiento que distintos incendios que se produjeron a lo largo del tiempo provocaron lesiones y principios de asfixia a las personas especializadas, preparadas y encargadas de sofocarlos. Consecuentemente podría disponer que se desmantelen todos los cuarteles de bomberos. Podría agregar que si algo comienza a arder, que arda, pero que no puede permitir que esos muchachos corran riesgos, cuando no son responsables de haber provocado el fuego ni de su propagación.
Los temerarios dichos de la primera mandataria provocan alarma y consternación. Así como la inseguridad jurídica propiciada y alentada por miembros del actual gobierno ha asestado durísimos golpes a la industria, el agro y el comercio, la seguridad ambulatoria de los argentinos ha quedado reducida a la nada. Es así que la inseguridad, - hoy principal preocupación de los argentinos-, se ha convertido en la nave insignia del fracasado modelo nacional y popular.
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