UN LABERINTO VERDE.

Por: Jorge R. Enríquez (*)

A fines de octubre pasado, cuando el gobierno, apenas ganadas las elecciones, decidió restringir las compras de dólares, sostuvimos que ese tipo de medidas generalmente llegaban para quedarse o profundizarse.

Sucedió así que el Estado policíaco que nos gobierna ha atenazado la posibilidad de adquirir divisas en el mercado oficial ya sea como inversión, para adquirir un inmueble o para viajar al exterior, cualquiera sea la posición fiscal de las personas físicas que lo requieran y su nivel de ingresos. 
Ello ha hecho que el dólar paralelo haya subido muchísimo su cotización, alcanzando un valor superior al 30 % de lo que marca la pizarra oficial.
Este fenómeno no es de ahora: la fuga de divisas lleva 52 meses consecutivos. No ha habido, entonces, una súbita transformación de los argentinos en avaros o en vende patrias.
Algo pasa. El gobierno, como siempre, lo atribuye a oscuras conspiraciones, ahora eternamente encabezadas por Héctor Magnetos.
Sin embargo, la explicación es muy simple. Con una inflación anual del 25% anual y una depreciación del peso del 5% anual, en los últimos años el dólar se abarató. Además, quienes disponen de algunos pesos para ahorrar, no tienen alternativas que los protejan de la inflación. Si a eso le sumamos todas las iniciativas gubernamentales que minan la confianza pública, la demanda de dólares es comprensible.
Esta vez, a diferencia del “corralito” o de la “pesificación” de Eduardo Duhalde no se pretende transformar los dólares en pesos, sino obligar a que todas las operaciones se realicen en la moneda local.
Ello es prácticamente imposible en algunos sectores de la economía, como el inmobiliario. Muchas décadas de inflación e inestabilidad monetaria han obligado a que por más que las operaciones en ese mercado se lleven a cabo en pesos, siempre se va a tomar al dólar como referencia del valor de los inmuebles.
Frente a los desaguisados en materia económica que se sucedieron en los últimos 40 años, los argentinos, que vimos como nuestra moneda perdía 13 ceros, producto de un contexto de siderales inflaciones, nos acostumbramos a ahorrar y pensar en dólares.
Recordemos que un ministro de Economía de la última dictadura militar, Lorenzo Sigaut, pasó a la Historia por una frase que acuñó y lo hizo célebre: “el que apueste al dólar, pierde”. Evidentemente, ese lema hizo carrera porque pasó a ser el apotegma, también, y vaya paradoja, del “progresista” kirchnerismo, cuyo reloj, como siempre, atrasa varias décadas.
En lugar de atacar las causas, el gobierno busca culpables y nos lanza discursos moralizantes. Pero si ha habido un gobierno en la historia con nula autoridad moral para aleccionar a los demás sobre la perversión del atesoramiento de dólares es este, cuyas principales cabezas tienen tantos dólares (y sólo me refiero a los declarados) que son la envidia de la enorme mayoría de la población.
El ejemplo más elocuente nos lo brinda la Presidente, quien según sus declaraciones juradas de bienes personales también es una devota de amaromar dólares. Argentina, al fin, supo acumular más de 3.000.000 unidades de la divisa norteamericana.
El locuaz Aníbal Fernández quedó atrapado en su irrefrenable sed oratoria: quiso amonestar a los que compran dólares mientras decía que él con su plata hacía lo que se le antojaba (comprar dólares). Pese al reto público de la presidente ("¿Tomaste Vivarachol?"), no pudo evitar meter la pata nuevamente, al anunciar que el dólar paralelo abriría el lunes pasado en 5,10 por un acuerdo con el gobierno. Es decir, que además de lanzar un pronóstico ridículo, blanqueó el mercado negro.
No es el único caso de funcionarios del gobierno nacional que buscan el paraguas del dólar para no ver escurrir como se deprecian sus ahorros, aunque ahora, a la luz de tanta hipocresía Cristina Fernández haya manifestado que va a pasar sus ahorros a pesos y, desde luego, ordenado a que todos los funcionarios de su administración hagan lo mismo. Fruto de las presiones de la prensa, adoptó una actitud tipicamente demagógica y de dudosa verificación.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico es un atributo de la soberanía de los países fijar sus políticas cambiarias. Las hay de diverso tipo: cambio libre, administrado, fijo, etc.
También es lícito establecer distintos tipos de cambio (comercial, financiero, turístico), aunque la experiencia demuestre que no es conveniente.
No sólo es inadmisible que los argentinos nos veamos imposibilitados de adquirir, siquiera, un dólar, sino que la veda no surge de ninguna ley. Hay sólo una resolución de la AFIP, basada en un viejo decreto de necesidad y urgencia de la presidencia de Menem, mediante la cual el organismo fiscal supuestamente verifica, antes de cada compra, si el solicitante tiene la solvencia económica como para realizar la operación.
En una primera etapa, esto implicaba una limitación a la compra de dólares; en los últimos días, se tradujo en una completa prohibición.
Quién evalúa esa capacidad económica y en base a qué parámetros es un misterio. En verdad, es claro ahora que no hay tal análisis: simplemente no se autoriza a comprar dólares.
Se trata de una limitación de derechos constitucionales sin que medie explicación alguna de la razonabilidad de las restricciones. Muchas personas no pueden viajar al exterior por este torniquete, torpemente establecido y pésimamente comunicado. Por eso, se han presentado en estas horas algunos amparos contra dicha medida.
Tradicionalmente, los tribunales son muy deferentes hacia los gobiernos en cuestiones de política económica. Prefieren no invalidar decisiones adoptadas dentro de esa esfera. Veremos qué ocurre en esta oportunidad. Si los argentinos le debemos pedir permiso al Estado para cualquier cosa, nos deslizamos insensiblemente hacia el totalitarismo.
El fin último de estos manotazos de ahogado es financiar el déficit fiscal. Lo curioso es que esta crisis cambiaria se da en el contexto de una aparente existencia de reservas que, según el Banco Central, asciende a 47.000 millones de dólares, lo cual no es cierto, porque conforme a distintos estudios de importantes economistas esa suma se reduce a poco más de 10.500 millones, si se restan los encajes bancarios, las letras y notas del BCRA, las operaciones de pases, las obligaciones con organismos internacionales, los depósitos del Estado para pagar en agosto los Boden 2012 y las deudas con el Anses, que ponen en crisis el sistema jubilatorio.
Esa es la razón por la cual el gobierno se quiere quedar con todos los dólares que pueda acaparar.
Por eso al no saber cómo salir del laberinto verde, profundiza las regulaciones y los controles, lo que no hace más que aumentar la incertidumbre.
(*) El autor es abogado y periodista
Viernes 8 de junio de 2012
Dr. Jorge R. Enríquez
jrenriquez2000@gmail.com
Twitter: @enriquezjorge