2013


ENTRE

SAQUEOS

Y

REPRESIONES.

Por:

Ernesto Bobek Cáceres.

Abogado (Justa Causa)

ebobek@fibertel.com.ar

Nuestro canciller sigue demostrando que es un verdadero especialista en el arte de hacer papelones. 

Es como una triste e inversa réplica del rey Midas, que todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Pero él hace justo al revés, donde pone la mano todo se transforma en estiércol. Ahora lanzó una “enérgica protesta” por las críticas de la ONU a la tan vergonzosa como inconstitucional reforma judicial, impulsada en forma ilegítima desde el Ejecutivo en un absurdo intento de tener jueces a control remoto y de esa forma evitar consecuencias penales por el saqueo a que se sometió al país desde 2003. 

¿Pretendía aplausos del mundo ante las alevosas ilicitudes a que se nos sometió?

Mientras, van quedando expuestos los corruptos que:

 1) Se quedaron y se siguen quedando con las partidas para los ferrocarriles provocando como lo hicieron el famoso ferricidio de Once; 

2) Se quedaron y se siguen quedando con millones de pesos por hora de una Aerolíneas Argentinas en estado comatoso; 3) Se quedaron y se siguen quedando con millones de dólares que saquean de la ANSES en perjuicio de quienes hicieron aportes durante toda una vida; 

4) Se quedaron y se siguen quedando con millones de dólares de empresas de energía, a las que no les prestan atención. 

5) Han hecho y siguen haciendo “negocios” en los que ellos ganan y el país pierde.

Podemos sumar a lo expuesto, las denuncias de un periodista que ha batido record de audiencia en la televisión, con sus denuncias documentadas, ignoradas o ridiculizadas desde los lamebotas de nuestra presidente; precisamente muchos de ellos se han llenado los bolsillos con nuestro esfuerzo.

Este sombrío panorama nos da la pauta que, desde la presidente, pasando por todo su gabinete y los diputados y senadores que voten leyes ilegítimas deben ser sometidos a juicio político por traición a la patria (Art. 29 de la CN y 227 del Código Penal). Si alguien no lo entiende se lo traducimos al inglés o al idioma que elijan.

Otro tema motivo de gran conmoción en estos días, fueron los acontecimientos acaecidos en el Hospital Borda. 

Lo entiendo como una reacción del gobierno, provocada para contrarrestar y sacar de las primeras planas el escándalo de las andanzas de Lázaro Báez y demás lacayos. 

Para analizarlo, debemos despejar dudas respecto al término “represión”. 

La represión es una facultad del Estado para impedir que una persona o grupos de personas puedan mantenerse perpetrando ilícitos.
Ante todo hay que aclarar que nuestro Código Penal reprime el delito con penas.

 Esto es universal. 

No lo oculta, ni necesita hacerlo. 

Para la gran mayoría de los tipos penales el Código reza: “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años…” (Extorsión). 

Será reprimido con prisión de un mes a seis años… (Estafa). 

“Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quede a merced de algún gobierno o de alguna persona (Atentado al orden constitucional y a la vida democrática). Vemos entonces que no se debe degradar el término “represión”. 

Es una función esencial del estado para preservar el orden y la paz social. 

Aunque a algunos no les conviene entenderlo, los policías son seres humanos de carne y hueso, que tienen familias y sueldos no demasiado acomodados en relación a las horas de trabajo e inclemencias climáticas y de estar parados o caminando durante larguísimas horas. 

Son trabajadores de la seguridad. 

Los hay buenos y malos, excelentes y no tanto como en cualquier profesión u ocupación. 

Quién se sienta con derecho a insultarlos, agraviarlos, salivarlos o arrojarles elementos contundentes que los lesionan deberían solo tener un destino tras las rejas. 

Reiteradamente, ante protestas sociales, el Estado sea nacional o provincial envía a la policía para que hagan un vallado y evite desmanes que puedan provocar riñas entre personas y para preservar la integridad de bienes privados o del propio estado.

¿Dónde encaja el que lesiona a personal policial? 

Encaja exactamente en dos artículos de nuestro ordenamiento penal, cuales son el atentado y resistencia a la autoridad. Son delitos. Si el estado no reprime el delito es cómplice. Si reprime, aún a riesgo de su integridad física se lo tilda de “represor” y se habla de represión salvaje. 

Si existieron atentados o resistencia a la autoridad previa, el Estado a través de su brazo capacitado, debe reprimir con la intensidad suficiente como para hacer cesar el ataque de que está siendo víctima la sociedad. Deberíamos todos preguntarnos qué respuesta daremos a los padres, la esposa e hijos de un policía que se juega la vida contra delincuentes armados, cuando éste queda internado en un nosocomio o muere como consecuencia de pedradas o elementos contundentes en refriegas provocadas por grupos altamente politizados.

 El que agrede a un servidor del orden obligado por sus funciones y estrictas órdenes a apostarse pasivamente en un determinado lugar comete un delito. 

Si no lo entendemos, nuestra sociedad no tiene presente ni futuro. 

CABA, 2 de mayo de 2013.