Es siempre preferible el ruido
de la prensa libre al silencio de
las tumbas de las dictaduras”.
Dilma Rousseff
Voy a comenzar esta
nota con una anécdota personal. Hace muchísimos años –aún gobernaba Fernando Enrique
Cardoso- fui invitado a hablar en un almuerzo en San Pablo. Dije, entre otras
cosas, que el Brasil era entonces más corrupto que la Argentina, pero que la
diferencia estribaba en que el lucro de esa corrupción se quedaba en el país,
mientras que aquí, además, se fugaba. Uno de los presentes, con un dejo de
humor, me interrumpió: “Enrique, no se meta con la corrupción en Brasil; es nada más que una
forma de redistribuir la riqueza”.
Mucha agua -dos
gobiernos de Lula y tres de los Kirchner- ha pasado desde entonces bajo
nuestros puentes y, como todos sabemos, también mucho ha cambiado Brasil. Esta
misma semana, el Supremo Tribunal Federal impuso severísimas penas de prisión,
de cumplimiento efectivo, y enormes multas a los principales jerarcas del
Partido dos Trabalhadores (PT), hoy en el poder, y la Presidente ya se ha
desembarazado de seis ministros acusados de corrupción por la prensa nacional.
Dilma no solamente ha respetado a ultranza la libertad de expresión sino que ha
contemplado, impávida, como la Justicia de su país arrastraba a la cárcel a sus
camaradas de muchos años de lucha. La población ha respondido a esa actitud
otorgándole nada menos que 80% de imagen positiva, lo cual ha permitido al
mismo PT hacerse hasta con la alcaidía de San Pablo, tradicionalmente en manos
de su competidor, el PSDB.
La historia económica de la Argentina dice cuánto el país ha debido soportar, antes de que los precios de los commodities alcanzaran su niveles actuales, en razón de crisis que llegaban del exterior; los efectos Tequila, Caipirinha,
Hoy, sin embargo, y con el
empuje notable que le dio la ciudadanía el 8N, resultaría determinante para
nuestro futuro que llegaran a estas playas, por imitación, los saludables y
moralizadores efluvios de este sorprendente efecto Caipirovska.
Es que, desde 2003,
han sido tantos, y tan graves, los casos de corrupción ocurridos en la
Argentina, y tan rápida la sucesión de ellos, que la memoria humana –al menos,
la mía- no permite recordarlos. Por ello, apelo a la suya, resignado lector,
para que me ayude a enumerarlas, a fin de construir, entre todos, un verdadero
catálogo que nos permita, cuando este negro período de nuestra historia termine
–constitucionalmente, claro- enjuiciar a todos los funcionarios que se hayan
visto involucrados en estos delitos. Hay ya decenas de libros escritos por
periodistas de investigación sobre el tema, y he leído muchos de ellos; sin
embargo, no he tenido la previsión de confeccionar siquiera un mínimo
inventario como el que, ahora, me propongo hacer. Para evitar manos negras,
adelanto que ese archivo será guardado en la nube, es decir, en un ámbito que
la tecnología nos proporciona para impedir que el mero robo de una computadora
invalide el esfuerzo.
Cierto es que el 19 de febrero
(“Señora, ¿no le da vergüenza?”) y el 7 de septiembre de 2010 (“Señora, ¿aún no
le da vergüenza?”) –ambas notas pueden leerse en mi blog- dirigí a doña
Cristina sendas cartas abiertas sobre el tema, y que ellas contenían algunos de
los episodios más truculentos de entonces, y que en muchas otras me referí al
tema de la corrupción, pero nada de ello me parece suficiente en comparación
con la hercúlea tarea que, con su indispensable colaboración, me propongo
acometer ahora. Para que la Argentina vuelva al camino correcto, para que pueda
reinsertarse en un mundo del cual nos hemos caído, resulta indispensable
terminar con este flagelo y con otros, íntimamente conectados: la droga y la
inseguridad.
Pero no será posible hacerlo sin contar con dos pilares esenciales: la
Justicia y la prensa libre. Ambos, hoy, están en riesgo terminal en nuestro
país.
Desde la Casa Rosada, acompañada por el coro de mangantes oficialistas,
impúdicamente se vocifera en contra de una condición esencial de la República:
el indispensable control que el Poder Judicial debe ejercer, como último
bastión de los derechos ciudadanos, de la legalidad constitucional de las leyes
y decretos. La Araña Conti, por ejemplo, nada menos que la Presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo
ayer: “Esta cuestión de la justicia cautelar nos impone un debate
sincero y no hipócrita. ¿Cómo es posible que el Poder Legislativo y el
Ejecutivo, representantes del poder popular directo, pudieran ser impedidos en
nuestra actividad institucional por el Poder Judicial, que tiene solamente un
poder popular indirecto y delegado?”.
Tamaño argumento
merece que, cuando concluya su mandato y carezca de fueros, esta energúmena sea
juzgada a la luz del artículo 29 de la Constitución Nacional, esa misma Carta
Magna que obliga –sí, obliga- a los ciudadanos armarse en su misma defensa
(art. 21).
Ante la guerra a la cual el
empecinamiento de doña Cristina nos conduce irremediablemente, y cuya batalla
final parece que se desarrollará alrededor del 7D, sólo cabe una afirmación. No
pelearé en ella en defensa del grupo Clarín, pero sí lo haré, y denodadamente,
por mi derecho a elegir. Si todas las voces se transforman en un coro uniforme,
como el Gobierno pretende, tampoco tendremos la posibilidad de enterarnos de
esta corrupción que tanto corroe a nuestra sociedad entera y cuya magnitud
reviste todas las características de un genocidio.
Espero, como dije,
que los ciudadanos nos emborrachemos con esa Caipirovska que, tan
oportunamente, Brasil nos ha enviado.
Bs.As., 15 Nov 12
Enrique Guillermo Avogadro.
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
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