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domingo, 18 de enero de 2015

Ahora ... Como sigue la Historia.

2015


Inusitada 

Gravedad 

Institucional


Por :

Jorge Ricardo Enriquez.

La imputación del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner es de una gravedad institucional inusitada y exige la urgente intervención del Congreso de la Nación.
      La denuncia contiene elementos probatorios muy convincentes, que deben ser analizados por el Congreso no solamente para determinar responsabilidades políticas, sino por sus efectos sobre las relaciones internacionales y la posición jurídica y política de la Argentina ante el mundo.
     Recordemos que desde esta columna planteamos una serie de interrogantes cuando, en enero de 2013, el gobierno argentino anunció la firma de un memorándum de entendimiento con Irán relativo a la investigación de la masacre ocurrida el 18 de julio de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina y que costara la vida de 85 personas, dejando, asimismo, un saldo de 300 heridos.
      Esos cuestionamientos se basaban en el hecho concreto que la justicia argentina tenía y tiene la vehemente sospecha de que el atentado fue organizado por altos funcionarios del régimen iraní. Luego de años de demoras y encubrimiento, en 2006 resolvió imputar a ocho de ellos. Irán ha negado desde siempre toda responsabilidad.
     Entonces, 
¿de qué iban a hablar? 
¿Qué negociación podía haber con los imputados de cometer unos crímenes tan horrendos?La presidenta calificó aquel acuerdo, de histórico. 
Y lo fue, sin dudas, por lo ridículo y lo vergonzoso.      El objeto del pacto era sumamente vago. Establecía una "Comisión de la Verdad" – integrada por juristas propuestos por ambos países - para "analizar" la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina e Irán 
(art. 1º). Los comisionados "llevarán adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados" 
(art. 3º). Luego de ese análisis, la Comisión "expresará su visión y emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso"
 (art. 4º).

¿A qué efectos se realizaría la revisión y se emitirían las recomendaciones? 

¿Y a quiénes se dirigirían estas? 

El acuerdo decía que "a las partes". 

Pero en el caso de la Argentina hay una causa judicial en trámite.

¿Qué haría el gobierno argentino con esas recomendaciones? 

¿Se las giraría al juez y al fiscal de la causa? 
En tal caso, ¿para qué?

Por tratarse de recomendaciones, no tenían carácter vinculante. 

Y si lo tuvieran, se estaría detrayendo una causa judicial respecto de un delito cometido en territorio argentino del conocimiento de los tribunales de nuestro país, en franca violación del principio de la división de poderes y de la independencia judicial.

No obstante, aún como simples recomendaciones, constituían una forma indebida de interferencia en una causa judicial y le servirían a Irán como antecedente para negarse en su oportunidad a extraditar a los eventuales condenados de ese país.
Nos resultaba, entonces, inexplicable el motivo que había llevado al gobierno argentino a ceder la soberanía nacional. 

El crimen fue cometido en territorio argentino y debe ser juzgado por los tribunales locales.
Mientras la relación de nuestro país con las democracias más avanzadas es fría u hostil, ahora privilegiábamos la relación con un régimen teocrático, abiertamente antisemita. 

Paradójico: el gobierno que se jacta falsamente de ser el campeón de los derechos humanos terminaba abrazado a una dictadura que niega el Holocausto y que mantiene a las mujeres en una condición jurídica inferior.
Los argentinos sabíamos desde ya que si de algo podíamos estar seguros es de la absoluta inutilidad para la investigación de los crímenes de aquel insólito acuerdo.

Otorgarle a quien aparece como victimario el derecho de revisar – no como un acusado que se defiende, sino como un actor neutral - la investigación judicial de la que surge “prima facie” su responsabilidad penal difícilmente haya tenido precedentes.

Entonces, volvíamos, con las mismas preguntas: cuál era el real trasfondo de esta mascarada es algo que nos costabas comprender. 
Cuál podía ser el rédito para la Argentina. ¿Qué había detrás?.

En su hora el periódico iraní "Teherán Times" celebraba ese pacto como un gran triunfo del gobierno de Irán y "un golpe contra el sionismo y los Estados Unidos", señalando que "el gobierno argentino se ha dado cuenta de que ha sido víctima de una trama política mucho más compleja y de que la Justicia ha sido influida por grupos de lobby foráneos". 

En esa misma línea, atribuía la creación de la Comisión de la Verdad a un "claro cambio" en la posición de nuestro país, que habría descubierto ahora que el rumbo de la investigación que lleva a cabo el fiscal, de la que surgía la imputación a los funcionarios iraníes, estaba completamente equivocado.
Por más repulsa que nos causaban estos comentarios, ellos ayudaban a entender de qué se trataba: el gobierno argentino había renunciado a la búsqueda de la verdad y de la justicia, y le brindaba al régimen de Teherán una inesperada vía de escape de su responsabilidad internacional.

El solo hecho de que resulte verosímil que se haya pactado la impunidad de los sospechados de perpetrar la masacre de la AMIA a cambio de beneficios económicos es tan escandaloso que cuesta concebir una indignidad mayor, aún en un país signado por un derroche de indignidades. 

Que la justicia actúe con la mayor libertad y que los órganos políticos asuman sin medias tintas su responsabilidad en esta dolorosa cuestión.

Sólo cabe esperar que la memoria de las víctimas y el dolor de los deudos no haya sido objeto de negociaciones espurias ni moneda de cambio en arreglos económicos de trastienda.Domingo 18 de enero de 2015
Dr. Jorge R. Enríquezjrenriquez2000@gmail.com

twitter: @enriquezjorge

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