COMPOSICIÓN 

TEMA:

LA CONSTITUCIÓN,

ALZAMIENTO Y GOLPE INSTITUCIONAL.

Por

Ernesto Bobek Cáceres.

Abogado (Justa Causa)   

 ebobek@fibertel.com.ar

"Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, 

pero me pelearía para que usted pudiera decirlo" (Voltaire)

Se avecinan días agitados donde el oficialismo tratará de transformar el 54% de los votos que obtuvo en las últimas elecciones en un pase libre “all inclusive”.  Condicionó al poder judicial a fin de asegurarse resultados aún cuando fueran ilegítimos; se legisla y regula desde las penumbras, emparchando además leyes que jamás  cumplieron.

     Confundir la legalidad con la legitimidad fue a lo largo de la historia, la permanente tentación de mandamases quienes desde sus gobiernos atropellan a sus representados para luego manejarlos cual manso redil. Y si alguna oveja se retoba,  mandan los perros a morderle los garrones para que recuerde quién es el amo y cuál es el único sendero permitido.

     Nos encontramos en una situación límite. Límite de confrontación y crispación provocada. Límite de búsqueda, localización y defenestración de convenientes enemigos. Límite de inseguridad. Límite de tolerancia de la gente decente que ya se ha impacientado. Límite de sordera ante justos pedidos y reclamos. Límite de hechos de corrupción cometidos por funcionarios que se regodean en la impunidad porque sienten que la Justicia es para la gilada y no para ellos que se sienten protegidos por  un “bill de indemnidad” que se autosugestionaron.

     El ministro de Justicia Alak debería, con la Constitución Nacional en una mano, y el Código Penal en la otra, explicarnos de dónde surge que una resolución judicial, tal como extender una medida cautelar, cuando el Juez o la Cámara competentes entienden que procede en derecho, pueda devenir en un alzamiento. También debería explicar qué entiende por “alzamiento”. Como no podrá hacerlo, en virtud del cargo que ocupa debería presentar su indeclinable renuncia a un cargo desde el que ignoró básicos preceptos de nuestra Carta Magna, fundamentalmente ese tema que debe resultarle tan insidioso como lo es la división de poderes y su función de mutuo control, temas clave en la consolidación de nuestra joven recuperada democracia.     

Sería bueno que el ministro relea los Arts. 226 a 236 del Código Penal referidos a los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Pero lo óptimo será que todos los argentinos leamos una y otra vez la tan breve como sabia Constitución Nacional para comprenderla, respetarla y sobre todo hacerla respetar.

Otro que volcó directo y sin derrape es el diputado Kunkel quien en una mezcla de osadía y torpeza afirmó que la “corporación judicial” está gestando un golpe institucional para romper la continuidad democrática en la Argentina. La afirmación es tan grave como temeraria, y se le debería exigir que presente las pruebas de su infortunado aserto ante la Justicia y se haga responsable de sus dichos.

 Siguiendo el criterio de Alak, si el Congreso vota una ley impulsada desde el Ejecutivo que estipule que todos los que no usen corbata serán públicamente ejecutados, el Poder Judicial al decretar su inconstitucionalidad, incurriría en un alzamiento. Según Kunkel, estaríamos ante un golpe institucional. Inquietante tema acerca de derechos humanos para todos.

Debemos de una vez y para siempre desterrar la costumbre inveterada de que el funcionario que comete un delito y es descubierto, en el peor de los casos deja de cobrar; pero jamás será perseguido para que responda por sus acciones. Nos visitó hace pocos días Dilma Rousseff. En el vecino país que preside varios funcionarios sospechados renunciaron como mejor manera de presentarse ante la Justicia. En nuestros lares, cuanto más comprometido se encuentra un funcionario, más tentáculos desarrolla para aferrarse a su cargo. En países más apegados a la ley esa actitud constituye agravante de la conducta y de la pena que se le impone.

Transitamos un hito de la historia en que la ley y hasta la propia Constitución tienen el alcance que el gobierno disponga. En ello se avanzó al pretender disciplinar ilegal e ilegítimamente al Poder Judicial. Resulta imperioso exigir respeto irrestricto a la ley y apoyar a los magistrados que se resisten a ser agraviados y privados de cumplir con su primordial función y obligación de impartir Justicia.

El gobierno siente la desesperada necesidad de contrarrestar los efectos del 8N y 20N. Necesita un Súper 7D que le otorgue el indecoroso capricho de una revancha. Para ello, ya hace tiempo no se dudó en enviar al ministro de justicia a hacer lobby y ejercer presiones sobre magistrados y miembros del Consejo de la Magistratura violentando la división de poderes. Ahora se hace caso omiso a taxativas resoluciones de la Suprema Corte, esencialmente la recomendación de no trabar la resolución del tema judicial del Grupo Clarín, ya largamente dilatado.

En una actitud sin precedentes recusó a todos los miembros de la Cámara Civil y Comercial Federal para impedir que dicte un fallo que arruine la tan planificada “venganza”. En tanto apuro hasta recusaron a jueces que se habían excusado. 

Se patentizan evidentes síntomas de preocupación y hasta desesperación por alimentar el 7D, un monstruo creado por el propio gobierno que en forma intermitente se le torna inestable. Si a esto han llegado para cercenar en parte la libertad de expresión, es inimaginable lo que pueden hacer para reinstalar la re reelección. Lo que reviste mayor gravedad es que el costo político y económico del tan macabro como ilegítimo juego estará -como siempre- a cargo de los contribuyentes.
CABA, 05/12/2012