INCUMPLIDAS PROMESAS  SUBTERRÁNEAS.

por Jorge R. Enríquez (*)

Hacia fines del año pasado, después de las elecciones, el gobierno nacional tuvo un súbito ataque de autonomismo y consideró que el subte debía transferirse a la ciudad de Buenos Aires. 

Es cierto que, para quienes postulamos una autonomía amplia para el distrito porteño, y creemos que esa es la recta interpretación del artículo 129 de la Constitución Nacional - incorporado en la reforma de 1994 -, no hay razón que justifique la permanencia del subte en la órbita nacional. Pero la premura del oficialismo en realizar ese traspaso, siendo que no se ha caracterizado en más de ocho años de gestión por una actitud favorable a la autonomía, era sospechosa.
Y la sospecha se transformó en certeza sobre los verdaderos motivos cuando se supo que no se le transferirían al gobierno local la totalidad de los fondos que solventan los subsidios de la tarifa. Nada de principios autonómicos, entonces: simplemente, un capítulo más del ajustazo fiscal que la neolengua K bautizó "sintonía fina".
El gobierno porteño fue presionado por la presidenta para que aceptara el traspaso. Mauricio Macri podría haberse negado, o podría haber demorado su respuesta, pero aceptó iniciar conversaciones, a cuyos efectos se firmó un preacuerdo por el que se establecía un plazo de 90 días para negociar los términos de la transferencia, constituyéndose a tales efectos una comisión, que no registró avance alguno por la indiferencia del kirchnerismo.
Los subsidios sólo se mantendrían al 50% del monto anterior, y por un año, lo que comenzó a regir inmediatamente.
Frente a este condicionamiento, el Gobierno de la Ciudad se vio obligado a incrementar la tarifa de 1,10$ a 2,50$. Fue una suba brusca y de una magnitud considerable, pero no había otra salida. En verdad, los titulares periodísticos deberían haber reflejado la verdad profunda y no la aparente: fue el gobierno nacional, con su quita de los subsidios, el que dispuso la suba de las tarifas.
Aun así, el valor sigue siendo el más barato de Latinoamérica, lo que los usuarios deben tener en cuenta.
Pero en los últimos días el proceso de traspaso había entrado en un cono de sombras. El gobierno nacional no depositó en tiempo y forma los fondos acordados para los subsidios, y no cumplió con otras cuestiones pactadas.
Por eso, Mauricio Macri comenzó a poner en duda que la transferencia fuera a operarse, lo que disparó una serie de declaraciones del Secretario de Transporte de la Nación, ing. Juan Pablo Schiavi, cuyos módicos recursos retóricos tienen siempre un contenido desdichado, tal como lo evidenció la semana anterior en un infeliz intento de culpar de la tragedia ferroviaria de Once al comportamiento de las víctimas, eludiendo toda responsabilidad que, como responsable del área, le cabe.
Schiavi, que había sido hace unos años dirigente del macrismo, quiso descalificar a su antiguo jefe político llamándolo "almacenero", por cuidar la plata de los vecinos de Buenos Aires. Curioso insulto, que ignora que los almaceneros se han caracterizado en nuestro país por su laboriosidad y decencia. Gallegos muchos de ellos en tiempos ya lejanos, han sido parte del más entrañable paisaje humano de nuestra ciudad. Sirvan estas palabras de desagravio a esos honestos comerciantes, que no vendían gato por liebre.
Quedaba claro que no se podía recibir el subte bajo cualquier condición. La posterior decisión de la ministra Nilda Garré de retirar la Policía Federal de las estaciones ya fue directamente una afrenta y una muestra de la falta de buena fe del gobierno nacional.
La seguridad sigue siendo responsabilidad primaria del gobierno nacional. Si no la quiere ejercer, que modifique la malhadada ley 24.588, conocida como ley Cafiero, y transfiera a la Ciudad la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal, es decir basicamente el conjunto de comisarías y recursos humanos y materiales asignados para la seguridad local. La Policía Metropolitana fue creada para coadyuvar, y no para sustituir, a la Policía Federal.
El principio constitucional plasmado en el art. 75, inc. 2, párr. 5 de la Constitución Federal es que cuando se transfieren servicios de la Nación a las jurisdicciones locales se deben traspasar también los recursos correspondientes. Pero la señora de Kirchner no quiere hacerlo. Ya se han transferido numerosas competencias penales, que en la práctica han significado un importante desguace de la justicia nacional correccional y de instrucción al Poder Judicial porteño sin las partidas presupuestarias respectivas.
Si en el subte ocurriera lo mismo, una pesadísima carga recaería sobre todos los porteños. Diez años de falta de inversión en obras en la red subterránea de transporte, estimada en 1.000 millones de dólares, una auditoría del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad que encontró 11.320 fallas en 2011, más de 400 relacionadas con temas de seguridad, tales como mecanismos contra incendios y funcionamiento de puertas, que jamás fueron corregidas, la inseguridad imperante y la obsolescencia de los materiales llevaron a Mauricio Macri a anunciar la suspensión del traspaso del subte a la Ciudad.
La decisión adoptada es la absolutamente correcta en el marco de la defensa de la autonomía y de los intereses de los vecinos de nuestra ciudad.
La determinación del alcalde porteño de no rendirse ante la prepotencia del kirchnerismo debe ser aplaudida por todo el arco político opositor, sin mezquinos cálculos de conveniencia, porque fue adoptada para favorecer a los porteños.
(*) El autor es abogado y periodista
Viernes 2 de marzo de 2012
Dr. Jorge R. Enríquez jrenriquez2000@gmail.com
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