LA LIBERTAD DE PRENSA, CONCULCADA.
por Jorge R. Enríquez (*)
PAPEL PARA POCOS.
El oficialismo está usando su flamante mayoría parlamentaria para aprobar en sesiones extraordinarias, de un modo "express" y casi sin discusión, una gran cantidad de proyectos que le interesan al Poder Ejecutivo.
Entre estos, figura el que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios, como fundamento para regular ese mercado.
El propósito verdadero e indisimulable es tener mayor injerencia en Papel Prensa, sociedad de Clarín, La Nación y el Estado nacional, para poder asfixiar por esta vía a los principales diarios independientes.
El propósito alegado es democratizar la distribución de papel y evitar las distorsiones monopólicas de los grandes periódicos.
En primer lugar, toda legislación sobre la prensa tiene una fuerte sospecha de inconstitucionalidad, en virtud de lo prescripto en el art. 32 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1860, según el cual el Congreso Nacional no podrá legislar sobre la prensa ni se impondrá sobre ella la jurisdicción federal.
Pero, además, se pretende legislar sobre un "no problema".
En primer lugar, toda legislación sobre la prensa tiene una fuerte sospecha de inconstitucionalidad, en virtud de lo prescripto en el art. 32 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1860, según el cual el Congreso Nacional no podrá legislar sobre la prensa ni se impondrá sobre ella la jurisdicción federal.
Pero, además, se pretende legislar sobre un "no problema".
Hoy no falta el papel para diarios, sino que sobra.
Y las empresas periodísticas pueden comprarlo en Papel Prensa o en cualquier otra empresa de la Argentina o el mundo, ya que se importa con arancel cero y a un precio inferior al que ofrece Papel Prensa.
Y, si alguna vez hubiera alguna conducta restrictiva de la competencia, allí están las leyes y los organismos destinados a restablecerla, del mismo modo que en cualquier otra actividad.
Nadie se cree un cuento tan burdo.
Y, si alguna vez hubiera alguna conducta restrictiva de la competencia, allí están las leyes y los organismos destinados a restablecerla, del mismo modo que en cualquier otra actividad.
Nadie se cree un cuento tan burdo.
Es un camino más para lograr la uniformidad del discurso.
La Argentina ya vivió épocas en las que el gobierno daba cupos de papel de manera arbitraria según la amistad del diario del que se tratara con el oficialismo de turno.
Si alguna ley debiera haber, sería una que garantizara que el Estado no se va a meter en esta actividad tan sensible y que el papel va a poder seguir importándose libremente y sin aranceles. Pero en materia de prensa la mejor ley es la que no existe.
La Argentina ya vivió épocas en las que el gobierno daba cupos de papel de manera arbitraria según la amistad del diario del que se tratara con el oficialismo de turno.
Si alguna ley debiera haber, sería una que garantizara que el Estado no se va a meter en esta actividad tan sensible y que el papel va a poder seguir importándose libremente y sin aranceles. Pero en materia de prensa la mejor ley es la que no existe.
ALLANAMIENTO A CABLEVISIÓN.
En esa escalada que propicia conculcar la libertad de expresión se inscribe la resolución de un juez federal de Mendoza, Walter Bento, en cuya virtud la Gendarmería allanó el martes pasado por tres horas las oficinas de Cablevisión, disponiendo el referido magistrado la designación de un co-interventor en la empresa. ante una denuncia presentada por el grupo Vila-Manzano, sustentada en una hipotética e intrascendente irregularidad en un contrato con los abonados de la señal de cable en la provincia de Córdoba.
Ese “pool” empresario no titubeó en ser funcional al gobierno en la estrategia que éste viene desplegando contra el Grupo Clarín, en cuya órbita se encuentra la compañía allanada, cuya fusión con Multicanal fue aprobada por Néstor Kirchner en 2007. La acción desplegada se inscribe en un mar de sospechas.
Ese “pool” empresario no titubeó en ser funcional al gobierno en la estrategia que éste viene desplegando contra el Grupo Clarín, en cuya órbita se encuentra la compañía allanada, cuya fusión con Multicanal fue aprobada por Néstor Kirchner en 2007. La acción desplegada se inscribe en un mar de sospechas.
¿Por qué interviene un juez de Mendoza si Cablevisión no tiene establecimientos en dicha provincia? Además, todo allanamiento e intervención en una empresa de medios de comunicación debe ser adoptado con extremo cuidado, porque está en juego la libertad de expresión.
El gobierno salió a decir que no tiene nada que ver en este tema. Cuesta creerle.
El gobierno salió a decir que no tiene nada que ver en este tema. Cuesta creerle.
Los denunciantes son un grupo afín al oficialismo. Este, en forma pública y abierta, hostiga permanentemente al grupo Clarín. Además, la Gendarmería llegó al lugar del allanamiento precedida por cronistas de medios oficiales y de "6,7 y 8".
Esas imágenes ya dan la vuelta al mundo y siembran más dudas sobre la vigencia de la libertad de expresión y la seguridad jurídica en la Argentina.
Mientras no se aclare bien que se trata de otra cosa, los ciudadanos tenemos derecho a pensar que es un nuevo acto de persecución a un medio independiente.
INSOLITA INHIBICION GENERAL DE BIENES A “LA NACION”
Otro caso de gravedad institucional en cuanto a ataques a la libertad de expresión tuvo lugar en las últimas horas cuando los directivos del prestigioso matutino porteño “La Nación”, tomaron conocimiento que hace tres semanas pesaba sobre el patrimonio de la empresa periodística una inhibición general de bienes trabada por la justicia federal tributaria, a instancias de una presentación efectuada en tal sentido por la AFIP, quien le ocultó información al magistrado interviniente.
Para lograr su cometido omitió señalar que la controversia oportunamente planteada entre el Gobierno y una veintena de empresas periodísticas por la legitimidad de unas deudas originadas con motivo de una diferente interpretación en cuanto a la liquidación del impuesto al valor agregado, había sido objeto del dictado de una medida cautelar de no innovar en 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Alto Tribunal le había ordenado entonces al organismo de recaudación fiscal que se abstuviera de efectuar intimaciones, requerimientos, traba de embargos e inhibiciones a los medios gráficos, radiales y televisivos hasta que existiera un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la cuestión litigiosa.
Para echar luz acerca de cuál es el tema en debate, “La Nación” ha aclarado que paga el 21 % de IVA sobre la publicidad, que el 10,5 por ciento está aplicado sólo sobre el precio de tapa y que la cuestión planteada con la AFIP está referida justamente al IVA sobre este último.
Todos estos acontecimientos constituyen los eslabones de una cadena que cada día se cierne más sobre la libertad de expresión, derecho humano señalado como tal en el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y por las constituciones de los sistemas democráticos, porque precisamente ella es la savia vivificante de esta forma de gobierno. Su abolición sólo puede conducirnos al totalitarismo.
Quiera Dios que en el advenimiento de un Año Nuevo vuelva a imperar en esta bendita tierra el amor, la solidaridad, el respeto al prójimo, la tolerancia y la concordia.
¡Muchas Felicidades!
(*) El autor es abogado y periodista
diciembre de 2011
Dr. Jorge R. Enríquez
jrenriquez2000@gmail.com
twitter: @enriquezjorge
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