2014
Carlos Pagni.
Ya
empezó
la onda
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| Carlos Pagni. |
Ya
empezó
la onda
expansiva
del default
"Si la decisión fuera tan grave, el precio de los bonos se habría destruido."
Axel Kicillof pronunció esa frase el viernes, delante de funcionarios de su entorno.
Sacó una conclusión equivocada de un fenómeno verdadero.Es cierto que la caída de los títulos no ha sido catastrófica. El Discount, que es el más afectado por la medida, valía US$ 87 sobre 100 el 21 de junio, cuando Cristina Kirchner prometió cumplir con todos los acreedores.
El miércoles, ante la expectativa de un acuerdo entre los holdouts y los bancos, tocó los US$ 95. Cuando se conoció el verdadero desenlace, bajó a US$ 82. Es una caída considerable, de 13 puntos.
Pero en enero, durante el caos devaluatorio, llegó a valer US$ 58.
¿Por qué la cesación de pagos no golpeó los precios con más fuerza?
En el mercado lo atribuyen a dos factores.
El primero es un malentendido.
El derrumbe no fue más pronunciado porque la Presidenta y el ministro justifican su resolución en un motivo táctico: si obedecían la sentencia de Thomas Griesa, dicen, se hubiera disparado la cláusula RUFO.
De modo que, en enero, cuando esa restricción desaparezca, habrá una negociación con los holdouts y se volverá a la normalidad.
Esta interpretación ignora otro aspecto de las declaraciones oficiales. La señora de Kirchner y Kicillof han insistido en que el reclamo de los holdouts es usurario. Kicillof dictaminó que, a pesar de lo dispuesto por Griesa, no tendrían derecho a ganar más de 300 millones, que es el equivalente a la renta que obtuvieron los bonistas que aceptaron el canje en 2005. Es decir: no desconoció el fallo a favor de los holdouts por la cláusula RUFO. Le aplicó la teoría de los "precios cuidados". O "justos". ¿Cuánto podría ceder en una negociación? ¿20%? Llegaría a US$ 360 millones.
Por su parte, la semana pasada los acreedores hicieron una oferta final a los bancos: US$ 1400 millones por los 1680 que les reconoció Griesa; 20% de descuento. La distancia entre lo que el Gobierno está dispuesto a pagar y lo que los demandantes pretenden cobrar es de alrededor de US$ 1000 millones. Insalvable. La diferencia no es técnica. Es política. E induce a pensar que el argumento de la cláusula RUFO es la máscara de un default del que Cristina Kirchner no pretende salir después de enero. En su entorno ya se habla de un nuevo canje bajo jurisdicción argentina.
Por eso un financista de Wall Street, cercano a las conversaciones con los holdouts, pronosticaba anteayer: "Cuando los bonistas adviertan que la cesación de pagos no obedeció a una táctica jurídica, sino a razones de más largo plazo, Kicillof verá que la caída de los bonos será más preocupante". Dicho de otro modo: cuando los mercados se den cuenta de la verdad de Kicillof, Kicillof se dará cuenta de la verdad de los mercados. En los bancos que hasta el viernes pasado negociaron con los acreedores consideran que sólo en esa instancia el Gobierno abrirá los ojos a las ventajas de un acuerdo.
Hay otra explicación, más sofisticada, para el escaso impacto del default en el precio de los bonos. Grandes operadores financieros apuestan a que la caída no será dramática en ningún escenario. Para ellos, la mala noticia del default no alcanza a eclipsar otra noticia, demasiado buena: que el kirchnerismo se va dentro de poco y dejará paso a una administración amigable con el mercado. La última garantía de que eso es lo que va a suceder es el default mismo.
Esta interpretación subraya un aspecto crucial de la decisión del miércoles pasado: afectado por una crisis de reservas monetarias, el Gobierno resolvió privarse de los dólares que podrían ingresar por el endeudamiento externo. El acuerdo con los holdouts permitiría al sector público reducir el costo del dinero de 12% a 8%. Esa posibilidad debe ser, por ahora, descartada.
En consecuencia, el Banco Central dependerá más que antes de las divisas que ingresen los exportadores. El kirchnerismo será más dependiente de la soja. Los productores, que advierten esta novedad, especulan con una devaluación. La liquidación de la cosecha ha sido bajísima hasta ahora: 41 por ciento. La cesación de pagos la retraerá todavía más.
En este contexto hay un enigma fundamental. ¿El swap de monedas pactado con China permitiría pagar importaciones desde ese país con yuanes? En tal caso, el Central debería emitir más pesos, con el consiguiente efecto inflacionario. Pero podría ahorrarse varios miles de millones de dólares. Los mejores expertos no lo tienen claro. Pero es decisivo.
El Gobierno intentará evitar una desvalorización brusca de la moneda. El viernes, el Central se lanzó a vender futuros para diciembre con una paridad de $ 9,20 por dólar. También puso fin al breve ciclo de cambio fijo: pagó 2,5 centavos más por cada dólar.
Si la Presidenta y Kicillof resisten una presión devaluatoria, el camino que les quedaría para conservar reservas es ahorrar divisas haciendo caer todavía más las importaciones. Su estrategia preferida: atenuar la restricción externa con recesión.
Las consecuencias políticas del default también comienzan a hacerse visibles. La primera víctima es Daniel Scioli. Confiaba en que la emisión de un bono por US$ 500 millones le permitiría transitar la campaña presidencial. Deberá desensillar hasta que aclare. Mientras tanto, tendrá que hacerse cargo de las primicias del malestar social. Los maestros bonaerenses estrenan hoy una nueva modalidad de protesta: la huelga de mitad de año. Hoy no irán a clases para conseguir un aumento del 25 por ciento.
Tal vez no sea la semana más oportuna para que Scioli convenza a Martín Insaurralde de mantener el compromiso con su carrera presidencial. Insaurralde ya decidió abandonarlo. Si no se suma a la campaña de Sergio Massa es porque la Casa Rosada presiona a Santiago Carasatorre, su delegado en la intendencia de Lomas de Zamora. Con el pase de Insaurralde, Massa terminaría de escriturar a su nombre la provincia de Buenos Aires. Una novedad que complica la ecuación nacional de los demás candidatos. Ya lo advirtió José Manuel de la Sota, que pretende contactar al novio de Jessica Cirio.
El default, con su onda recesiva, también alcanza la escena sindical. La CGT Balcarce sufre cada día más el rigor de su subordinación a la señora de Kirchner. Basta advertir un detalle: Antonio Caló, el secretario general, estuvo ausente del acto del jueves pasado en la Casa Rosada. Caló está alarmado por el avance de la izquierda radicalizada en el corredor que va de San Martín a Córdoba. Y no está dispuesto a seguir el camino de su colega Ricardo Pignanelli, del Smata, otro aliado sindical de la Presidenta. Pignanelli promovió la remoción de varios delegados que lideraban la huelga de la autopartista Lear. Pero el viernes pasado la Justicia obligó a reincorporarlos. Hugo Moyano apoyó la causa de los huelguistas. Como los bonistas que no se perturban por el default pensando que asegura el fracaso de una experiencia populista, él también profesa la consigna "cuanto peor, mejor".
Hoy Moyano tiene previsto reunirse con Luis Barrionuevo y Gerónimo Venegas para evaluar la fecha de la huelga convocada para este mes. Acaso la prorroguen. Temerosos de que la Presidenta los culpe por los perjuicios de sus propias decisiones, prefieren seguir el consejo de Napoleón: "Cuando el enemigo se está equivocando no hay que interrumpirlo".
La cesación de pagos pone en peligro dos grandes activos del kirchnerismo: la provincia de Buenos Aires y la CGT oficialista. Podría también tener una proyección en las relaciones con Brasil. Cristina Kirchner se está convirtiendo allí en un actor de la campaña electoral. Aecio Neves, el principal desafiante de Dilma Rousseff, reprocha al gobierno del PT ser muy concesivo ante las limitaciones comerciales argentinas. Fernando Henrique Cardoso, padrino de Neves, afirmó hace dos semanas que la caída del PBI de su país podría deberse, sobre todo, a que la Argentina cierra sus importaciones.
Sería un error pensar que el default está detrás de una nueva configuración de la política. Es al revés. Cristina Kirchner subordinó su estrategia financiera a su estrategia electoral. Ella pretende consolidarse como la principal expresión del populismo a partir de 2015. Impedida de competir por el poder, ha resuelto preservar su identidad. El conflicto con los holdouts es un ladrillo más en esa construcción, como lo es la promoción de Carlos Heller para la presidencia de la AFA. La postulación de Kicillof como candidato está siendo analizada en ese horizonte. No hace falta que gane. Alcanza con que ayude a que Massa o Scioli pierdan.
El plan puede parecer coherente. Pero no alcanza a despejar una incógnita: ¿se puede sostener el consenso populista con una política económica que produce desempleo? Muchos bonistas dan una respuesta negativa. Por eso toleran el default.
lanación.com
El miércoles, ante la expectativa de un acuerdo entre los holdouts y los bancos, tocó los US$ 95. Cuando se conoció el verdadero desenlace, bajó a US$ 82. Es una caída considerable, de 13 puntos.
Pero en enero, durante el caos devaluatorio, llegó a valer US$ 58.
¿Por qué la cesación de pagos no golpeó los precios con más fuerza?
En el mercado lo atribuyen a dos factores.
El primero es un malentendido.
El derrumbe no fue más pronunciado porque la Presidenta y el ministro justifican su resolución en un motivo táctico: si obedecían la sentencia de Thomas Griesa, dicen, se hubiera disparado la cláusula RUFO.
De modo que, en enero, cuando esa restricción desaparezca, habrá una negociación con los holdouts y se volverá a la normalidad.
Esta interpretación ignora otro aspecto de las declaraciones oficiales. La señora de Kirchner y Kicillof han insistido en que el reclamo de los holdouts es usurario. Kicillof dictaminó que, a pesar de lo dispuesto por Griesa, no tendrían derecho a ganar más de 300 millones, que es el equivalente a la renta que obtuvieron los bonistas que aceptaron el canje en 2005. Es decir: no desconoció el fallo a favor de los holdouts por la cláusula RUFO. Le aplicó la teoría de los "precios cuidados". O "justos". ¿Cuánto podría ceder en una negociación? ¿20%? Llegaría a US$ 360 millones.
Por su parte, la semana pasada los acreedores hicieron una oferta final a los bancos: US$ 1400 millones por los 1680 que les reconoció Griesa; 20% de descuento. La distancia entre lo que el Gobierno está dispuesto a pagar y lo que los demandantes pretenden cobrar es de alrededor de US$ 1000 millones. Insalvable. La diferencia no es técnica. Es política. E induce a pensar que el argumento de la cláusula RUFO es la máscara de un default del que Cristina Kirchner no pretende salir después de enero. En su entorno ya se habla de un nuevo canje bajo jurisdicción argentina.
Por eso un financista de Wall Street, cercano a las conversaciones con los holdouts, pronosticaba anteayer: "Cuando los bonistas adviertan que la cesación de pagos no obedeció a una táctica jurídica, sino a razones de más largo plazo, Kicillof verá que la caída de los bonos será más preocupante". Dicho de otro modo: cuando los mercados se den cuenta de la verdad de Kicillof, Kicillof se dará cuenta de la verdad de los mercados. En los bancos que hasta el viernes pasado negociaron con los acreedores consideran que sólo en esa instancia el Gobierno abrirá los ojos a las ventajas de un acuerdo.
Hay otra explicación, más sofisticada, para el escaso impacto del default en el precio de los bonos. Grandes operadores financieros apuestan a que la caída no será dramática en ningún escenario. Para ellos, la mala noticia del default no alcanza a eclipsar otra noticia, demasiado buena: que el kirchnerismo se va dentro de poco y dejará paso a una administración amigable con el mercado. La última garantía de que eso es lo que va a suceder es el default mismo.
Esta interpretación subraya un aspecto crucial de la decisión del miércoles pasado: afectado por una crisis de reservas monetarias, el Gobierno resolvió privarse de los dólares que podrían ingresar por el endeudamiento externo. El acuerdo con los holdouts permitiría al sector público reducir el costo del dinero de 12% a 8%. Esa posibilidad debe ser, por ahora, descartada.
En consecuencia, el Banco Central dependerá más que antes de las divisas que ingresen los exportadores. El kirchnerismo será más dependiente de la soja. Los productores, que advierten esta novedad, especulan con una devaluación. La liquidación de la cosecha ha sido bajísima hasta ahora: 41 por ciento. La cesación de pagos la retraerá todavía más.
En este contexto hay un enigma fundamental. ¿El swap de monedas pactado con China permitiría pagar importaciones desde ese país con yuanes? En tal caso, el Central debería emitir más pesos, con el consiguiente efecto inflacionario. Pero podría ahorrarse varios miles de millones de dólares. Los mejores expertos no lo tienen claro. Pero es decisivo.
El Gobierno intentará evitar una desvalorización brusca de la moneda. El viernes, el Central se lanzó a vender futuros para diciembre con una paridad de $ 9,20 por dólar. También puso fin al breve ciclo de cambio fijo: pagó 2,5 centavos más por cada dólar.
Si la Presidenta y Kicillof resisten una presión devaluatoria, el camino que les quedaría para conservar reservas es ahorrar divisas haciendo caer todavía más las importaciones. Su estrategia preferida: atenuar la restricción externa con recesión.
Las consecuencias políticas del default también comienzan a hacerse visibles. La primera víctima es Daniel Scioli. Confiaba en que la emisión de un bono por US$ 500 millones le permitiría transitar la campaña presidencial. Deberá desensillar hasta que aclare. Mientras tanto, tendrá que hacerse cargo de las primicias del malestar social. Los maestros bonaerenses estrenan hoy una nueva modalidad de protesta: la huelga de mitad de año. Hoy no irán a clases para conseguir un aumento del 25 por ciento.
Tal vez no sea la semana más oportuna para que Scioli convenza a Martín Insaurralde de mantener el compromiso con su carrera presidencial. Insaurralde ya decidió abandonarlo. Si no se suma a la campaña de Sergio Massa es porque la Casa Rosada presiona a Santiago Carasatorre, su delegado en la intendencia de Lomas de Zamora. Con el pase de Insaurralde, Massa terminaría de escriturar a su nombre la provincia de Buenos Aires. Una novedad que complica la ecuación nacional de los demás candidatos. Ya lo advirtió José Manuel de la Sota, que pretende contactar al novio de Jessica Cirio.
El default, con su onda recesiva, también alcanza la escena sindical. La CGT Balcarce sufre cada día más el rigor de su subordinación a la señora de Kirchner. Basta advertir un detalle: Antonio Caló, el secretario general, estuvo ausente del acto del jueves pasado en la Casa Rosada. Caló está alarmado por el avance de la izquierda radicalizada en el corredor que va de San Martín a Córdoba. Y no está dispuesto a seguir el camino de su colega Ricardo Pignanelli, del Smata, otro aliado sindical de la Presidenta. Pignanelli promovió la remoción de varios delegados que lideraban la huelga de la autopartista Lear. Pero el viernes pasado la Justicia obligó a reincorporarlos. Hugo Moyano apoyó la causa de los huelguistas. Como los bonistas que no se perturban por el default pensando que asegura el fracaso de una experiencia populista, él también profesa la consigna "cuanto peor, mejor".
Hoy Moyano tiene previsto reunirse con Luis Barrionuevo y Gerónimo Venegas para evaluar la fecha de la huelga convocada para este mes. Acaso la prorroguen. Temerosos de que la Presidenta los culpe por los perjuicios de sus propias decisiones, prefieren seguir el consejo de Napoleón: "Cuando el enemigo se está equivocando no hay que interrumpirlo".
La cesación de pagos pone en peligro dos grandes activos del kirchnerismo: la provincia de Buenos Aires y la CGT oficialista. Podría también tener una proyección en las relaciones con Brasil. Cristina Kirchner se está convirtiendo allí en un actor de la campaña electoral. Aecio Neves, el principal desafiante de Dilma Rousseff, reprocha al gobierno del PT ser muy concesivo ante las limitaciones comerciales argentinas. Fernando Henrique Cardoso, padrino de Neves, afirmó hace dos semanas que la caída del PBI de su país podría deberse, sobre todo, a que la Argentina cierra sus importaciones.
Sería un error pensar que el default está detrás de una nueva configuración de la política. Es al revés. Cristina Kirchner subordinó su estrategia financiera a su estrategia electoral. Ella pretende consolidarse como la principal expresión del populismo a partir de 2015. Impedida de competir por el poder, ha resuelto preservar su identidad. El conflicto con los holdouts es un ladrillo más en esa construcción, como lo es la promoción de Carlos Heller para la presidencia de la AFA. La postulación de Kicillof como candidato está siendo analizada en ese horizonte. No hace falta que gane. Alcanza con que ayude a que Massa o Scioli pierdan.
El plan puede parecer coherente. Pero no alcanza a despejar una incógnita: ¿se puede sostener el consenso populista con una política económica que produce desempleo? Muchos bonistas dan una respuesta negativa. Por eso toleran el default.
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