El calendario electoral es un perceptible hilo conductor que vincula cuestiones tan disímiles como el anuncio presidencial de aumento de jubilaciones y la reactivación de la fuga de capitales que, por desconfianza, vuelve a sufrir la economía argentina. Otro, menos evidente para muchos, es el doble rol que juega el gobierno de Cristina Kirchner como impulsor de la inflación y, a la vez, encargado de atenuar sus efectos sin ocuparse de sus causas.
Podría afirmarse, con razón, que CFK violó la veda electoral al informar que el ajuste de las jubilaciones será de 16,82% dentro de un mes y que tanta anticipación sólo se justifica en la necesidad política de hacerlo antes de las primarias obligatorias del 14 de agosto.El mismo argumento valdría si se confirma el apuro oficial por elevar alrededor de 25% el salario mínimo vital y ubicarlo en 2300 pesos mensuales a partir de septiembre. Pero también es cierto que CFK siempre se ha encargado de adelantarse un mes en comunicar estos aumentos jubilatorios semestrales que, en rigor, no son producto de las innumerables potestades presidenciales, sino de la aplicación de la fórmula automática incluida en la ley de movilidad, sancionada a comienzos de 2009 a instancias de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Con un simple decreto publicado en el Boletín Oficial bastaría para ponerlos en práctica.
Pero, ya se sabe, las buenas noticias siempre tienen como escenario la Casa Rosada, el atril presidencial, las cámaras de TV, gente dispuesta a aplaudir y, también ahora, a entonar cánticos a favor de la reelección.
¿Son en realidad buenas noticias para los jubilados? En teoría sí. Como se ha encargado de señalarlo unánimemente la prensa "militante", aquel ajuste se suma al 17,33% de marzo y acumula un 37,06% anual, que supera largamente cualquier estimación inflacionaria; incluso, de las consultoras privadas multadas arbitrariamente por Guillermo Moreno.
En la practica, sin embargo los jubilados se quedan con gusto a poco
¿Son en realidad buenas noticias para los jubilados? En teoría sí. Como se ha encargado de señalarlo unánimemente la prensa "militante", aquel ajuste se suma al 17,33% de marzo y acumula un 37,06% anual, que supera largamente cualquier estimación inflacionaria; incluso, de las consultoras privadas multadas arbitrariamente por Guillermo Moreno.
En la practica, sin embargo los jubilados se quedan con gusto a poco
La explicación resulta sencilla: el aumento de los haberes mínimos (que percibe el 75% de la clase pasiva) asciende, en efectivo, a 206,51 pesos mensuales. Una cifra equivalente a una compra de supermercado y, por cierto, con un changuito no demasiado cargado. Por más que le "ganen" a la inflación real en porcentaje, esa mejora se diluye porque se aplica sobre una base baja (que pasará de 1227,8 a 1434,3 pesos) y carcomida por anteriores aumentos de precios. El problema entonces es la inflación, que el propio Gobierno se encarga de convalidar en los hechos y al mismo tiempo de desconocer con las inverosímiles estadísticas del Indec.
Otra forma de visualizarlo es que el nuevo mínimo equivale a algo más de la mitad del costo de la canasta básica de jubilados que elabora el ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino. Aunque como cualquier canasta de consumo tiene representatividad relativa (cada caso puede ser diferente), no se caracteriza por el dispendio y en la última medición, realizada en mayo, ascendía a 2695 pesos mensuales. Actualizado por la inflación de junio y julio, ese costo total se ubicaría en torno de los $ 2800, de los cuales casi $ 1325 corresponden a alimentación, productos de tocador y limpieza; algo más de $ 900 a vivienda (expensas, alquileres, servicios); un promedio de casi $ 200 a salud y medicamentos básicos, y el resto a transporte.
En la medición de mayo, esa canasta mostraba un incremento de 29,2% respecto del mismo mes de 2010.
Una erosión similar de poder adquisitivo también registra la Asignación Universal por Hijo (AUH), que asciende a 220 pesos mensuales, no se actualiza desde julio de 2010 y seguramente tendrá un ajuste de 25/27% antes de las elecciones presidenciales de octubre, tal vez junto con el resto de las asignaciones familiares. A los efectos políticos, estas medidas necesarias para cubrir de la inflación a los sectores más vulnerables serán una forma directa de mantener viva la llama del consumo y el crecimiento de la actividad como uno de los activos electorales de Cristina Kirchner.
Pero a los efectos económicos significan agregar más combustible al gasto público, que en los últimos meses viene creciendo (35%) por encima del aumento de los ingresos tributarios (31%), como suele ocurrir en los años electorales, aunque no tanto como en 2007 (47 por ciento).
Un termómetro de la desconfianza
Otra forma de visualizarlo es que el nuevo mínimo equivale a algo más de la mitad del costo de la canasta básica de jubilados que elabora el ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino. Aunque como cualquier canasta de consumo tiene representatividad relativa (cada caso puede ser diferente), no se caracteriza por el dispendio y en la última medición, realizada en mayo, ascendía a 2695 pesos mensuales. Actualizado por la inflación de junio y julio, ese costo total se ubicaría en torno de los $ 2800, de los cuales casi $ 1325 corresponden a alimentación, productos de tocador y limpieza; algo más de $ 900 a vivienda (expensas, alquileres, servicios); un promedio de casi $ 200 a salud y medicamentos básicos, y el resto a transporte.
En la medición de mayo, esa canasta mostraba un incremento de 29,2% respecto del mismo mes de 2010.
Una erosión similar de poder adquisitivo también registra la Asignación Universal por Hijo (AUH), que asciende a 220 pesos mensuales, no se actualiza desde julio de 2010 y seguramente tendrá un ajuste de 25/27% antes de las elecciones presidenciales de octubre, tal vez junto con el resto de las asignaciones familiares. A los efectos políticos, estas medidas necesarias para cubrir de la inflación a los sectores más vulnerables serán una forma directa de mantener viva la llama del consumo y el crecimiento de la actividad como uno de los activos electorales de Cristina Kirchner.
Pero a los efectos económicos significan agregar más combustible al gasto público, que en los últimos meses viene creciendo (35%) por encima del aumento de los ingresos tributarios (31%), como suele ocurrir en los años electorales, aunque no tanto como en 2007 (47 por ciento).
Un termómetro de la desconfianza
Desde el punto de vista macroeconómico, una gran diferencia con las últimas elecciones presidenciales es que el Gobierno ya no cuenta con superávit fiscal primario (debe cubrirlo con la "maquinita" del Banco Central y aportes de la Anses) y, además, pasó a atender las obligaciones externas del Tesoro con el uso directo de reservas del BCRA (9600 millones de dólares en 2011). Este esquema, junto con la mayor emisión (la base monetaria creció 39% en julio) y la fuerte expansión del crédito para consumo, alimenta las presiones inflacionarias, sobre todo cuando la industria opera casi al máximo de la capacidad instalada.
Como únicas "anclas" para evitar que la inflación se dispare actúan el congelamiento de tarifas (a costa de crecientes subsidios estatales) y el freno al tipo de cambio, pero ambas agregan más incertidumbre para la etapa pos-electoral.
Otra diferencia clave es que, como las importaciones crecen porcentualmente más (30%) que las exportaciones (20%), también se deteriora el superávit comercial, que en 2011 se ubicaría en torno de los 9000 millones de dólares. En este comportamiento pesa el fuerte aumento de importaciones de GNL y combustibles pesados, que no logra ser contrarrestado por las trabas a compras externas de otros rubros.
Esta dinámica hace que, en la medida en que avanza el calendario electoral, se intensifique la salida de capitales del sector privado. Sólo en la primera mitad del año llegó a 9800 millones de dólares (después de haberse duplicado en el segundo trimestre con relación al primero) y en julio habría sumado otros 2200 millones.
Las estimaciones más conservadoras prevén 18.000 millones para 2011 (frente a los 11.400 millones de 2010), con lo cual por primera vez en la era K el BCRA podría este año perder reservas, pese a los fuertes ingresos de divisas por la cosecha agrícola.
Para el diputado Alfonso Prat-Gay, la compra de dólares obedece a que su precio es uno de los que menos aumentan frente a la inflación (5% en lo que va del año). A su vez, el economista Miguel Angel Broda advierte que, con las reservas, el BCRA corre el riesgo de asemejarse a quien va retirando botellas de su bodega personal y no logra reponerlas. Y que en otros países emergentes el problema hasta ahora ha sido la abundante entrada de capitales, que tiende a revaluar sus monedas, y no su salida.
No es que el dólar sea una buena inversión, y menos con las actuales perspectivas de la economía estadounidense. Pero en la Argentina siempre ha sido un refugio ante la desconfianza y más en años electorales.
Sobre todo cuando el horizonte de certezas sólo llega hasta el 23 de octubre y nadie sabe a ciencia cierta qué podría ocurrir luego con las distorsiones de la política económica, ya sea que gane el oficialismo o alguna de las variantes opositoras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario