Energia

2014

LA 

ENERGÍA 

EN 

CRISIS.

Una tormenta gestada por la política.

Análisis y Propuestas de Solución. 

Al borde del abismo

En estos días de diciembre, en la tarde del 17, el sistema eléctrico no colapsó por pura casualidad.

A quienes hemos dedicado décadas a la energía, nos quedó una imagen idéntica a las que solemos ver en las películas del cine catástrofe, cuando aparece un tren a toda máquina sobre un puente parcialmente derrumbado y que, cuando el desastre parece inminente, se detiene solo a escasos milímetros de un profundo precipicio.

Pese al auxilio de Uruguay, que aportó 500 MW al sistema eléctrico argentino, sólo quedaban -como reservas físicas unos míseros 54 MW-, constituidos por pequeños grupos electrógenos de emergencia. Faltaban escasos segundos para el final.

Pero, el tren afortunadamente se detuvo justo antes de precipitarse en el abismo. Y quienes colocaron el país al borde de una catástrofe, pudieron vanagloriarse de la “resistencia” del sistema frente al pico de consumo que había sido disparado por el “éxito del modelo”, una fantasía que habita sólo en sus mentes obnubiladas por la desesperación.

Según esta versión, la ruta al abismo estaba empedrada de gigantescas y nunca imaginadas virtudes y, si todo terminaba explotando, curiosamente la causa habría sido un “exceso” de éxitos, y no la grave insuficiencia largamente gestada por la alfarería oficial.

El tren paró, es cierto; pero no gracias a la “pericia” de los responsables; que brillaban por su ausencia, escondidos mientras buscaban excusas para descargar sus culpas sobre otros. La locomotora se detuvo por la ocurrencia de los cortes intempestivos en el segmento de la distribución y debido a la parálisis forzosa de las mayores industrias.

Ambos factores frenaron el pico de consumo de energía, salvando a la Argentina de un desastre de consecuencias imprevisibles.

Desgraciadamente, los propagandistas de esta extraña teoría del “éxito”, deberían saber que hubo un número aun indeterminado de víctimas fatales producto de los apagones y de la tensión que desataron más de 200 piquetes y cortes de calles y autopistas a modo de protesta. Supongo, que para los funcionarios oficiales, habrán muerto debido al éxito.

Advertencias y señales

En julio de 2012, en una publicación que realicé en el Portal Energético Internacional y en otros medios, advertía que se había sobrepasado el último límite. Y no fui el único en hacerlo. Existen otros documentos técnicos (oficiales y privados) y cartas enviadas por las empresas del sector a las autoridades, que también alertaron que el creciente agravamiento de la situación y los peligros a que estaba expuesto todo el sistema, podían ser vistos como un “punto de no retorno” para un largo período de insuficiencias graves.

En 2012, el pico de consumo fue de 21.949 MW, y hubo grandes cortes.

En diciembre de 2013 se superaron los 23.700 MW, un número muy cerca de la zona de derrumbe por falta de potencia (24.000 MW). En estos niveles de consumo, como en el ejemplo del cine catástrofe, el ferrocarril gana velocidad en su loca carrera hacia el precipicio; porque el sistema opera sin respaldo térmico ni hidroeléctrico disponible.

Ya no existen las «reservas rotantes», que son fundamentales para cubrir la salida intempestiva (por falla) de alguna máquina o línea de alta y media tensión.

En términos claros: el sistema exigido al máximo, haciendo arrancar un alto porcentaje de máquinas problemáticas, muchas obsoletas y, la mayoría, precariamente mantenidas. En la retaguardia de este ejército de megavatios, que se desmorona frente al avance de la demanda, ya no hay nada. Ante la menor falla, no tiene equipo alguno para entrar “en combate” y evitar un “efecto dominó”, que derivaría en el colapso total del sistema eléctrico del país.

Los técnicos de CAMMESA (la entidad que administra el mercado eléctrico mayorista) pasaron más de un año pidiendo a sus superiores la adopción de diversas medidas, para –en sentido metafórico- frenar la locomotora o apuntalar el puente hacia el que inexorablemente nos dirigíamos. Finalmente, se difundieron profusamente a través de los medios, reiterados informes y declaraciones de los 8 ex secretarios de Energía, expresando su preocupación y reclamando con urgencia un cambio de rumbo.

También, se ha conocido a través de la prensa, que el empresario Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía -que controla Edenor (la mayor distribuidora del país), parte de Transener (la red de transporte en Alta Tensión) y varias usinas-, envío una carta directamente a la presidenta Cristina Kirchner en la que detalló la crítica situación técnico-económica de la empresa y expresó con detalle las dificultades para mantener el servicio funcionando normalmente.

Todos estos documentos todavía “duermen” en los archivos de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Energía, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y, por supuesto, CAMMESA.

Por lo tanto, todos los funcionarios oficiales –desde el más encumbrado hasta el más modesto conocían el profundo deterioro del sistema eléctrico. Resulta obvio que las autoridades del sector, condenadas a una meramente existencia virtual, tampoco podían ignorar las estadísticas oficiales venían señalando que los cortes iban creciendo año tras año, y que cada vez eran más prolongados, hasta duplicar el tiempo sin servicio para los afectados. Señales claras que la probabilidad de una falla mayor del sistema se venía gestando en progresión geométrica.

Resulta difícil explicar por qué no hubo ninguna respuesta a tantas presentaciones, más allá de los consabidos ataques personales contra sus autores. Tampoco es entendible que no haya habido reacción oficial para organizar un plan de contingencia ya sea para prevenir o administrar con eficiencia la inexorable escasez que golpeaba a las puertas.

La única novedad que se conoció fue que el entonces viceministro de economía, Axel Kiciloff, nombrado al frente de una comisión para seguir el tema energético, comenzó a estudiar el tema en setiembre de 2012, cuando envió una serie de correos electrónicos con un “Formulario de Solicitud de Información”, en los que exigía datos de cada empresa: equipamiento, producción, costos de generación, costos de transporte, costos de distribución, presentación de plan de inversiones e información contable.

Dado lo apremiante de la situación, llamó la atención de todos los expertos que el objetivo de este curioso “plan de estudios” no se centró en tomar las medidas urgentes que se necesitaban, sobre todo considerando que quedaban escasos días para el calor; sino en profundizar la intervención del Gobierno en el sector eléctrico sobre todas las variables de los costos y hasta prometiendo una tasa de rentabilidad “políticamente administrada”, para cada empresa, como caso especial.

En medio del incendio, en lugar de acopiar mangueras y matafuegos, se optó por analizar la “teoría del fuego”. Y en noviembre, apenas 60 días después, 3.000.000 de usuarios quedaron “apagados”, seguramente felices víctimas del enorme “éxito” del modelo.

Para muchos que conocen los entretelones del poder político, el estudio encargado por Kiciloff nunca pretendió atacar el déficit energético, sino pavimentar la llegada de un plan para estatizar la distribución de electricidad en el área metropolitana.

Falta de potencia

Desde el informe de julio de 2012 hasta hoy, pasaron 18 meses; y obras que devoraron miles de millones de dólares –como la usina en Río Turbio (240 MW), Atucha II (750 MW) y otras ampliaciones críticas-, siguen paralizadas y sin fecha cierta para su arranque. La producción nunca empezó, aunque fueron inauguradas como usinas “finalizadas y listas”, con todos los ensayos hechos, para su sincronización con el sistema.

Casi 1.000 MW de energías renovables (que equivalen a toda la potencia instalada nuclear) no despegan, por falta de una normativa adecuada y sobre todo confiable: apenas un quinto de los proyectos contratados muestran algún grado progreso y sólo el 10% se concretó.

Otros proyectos, y pese a espectaculares anuncios en la “cadena nacional”, no lograron mover ni siquiera la primera piedra y ahora –para colmo- ya no se sabe con qué recursos se harán. Si serán suspendidos o cancelados. Así, hibernan los proyectos de las represas del Río Santa Cruz, Garabí/Panambí, El Chihuido que suman 3500 MW.

Argentina desde hace años carece de financiamiento para solventar grandes obras de infraestructura.

Y pone trabas inexplicables a los pequeños y medianos emprendimientos que muchas veces –como por ejemplo en Brasil- cuando hay problemas funcionan como el “bote salvavidas”.

 Ingredientes para una tormenta perfecta

La expresión eléctrica de la crisis energética responde a un conjunto de causas. Resulta de múltiples elementos que se combinaron en un nefasto nudo gordiano, de muy alta complejidad para desatar.

Además, este mecanismo de relojería es una “bomba de tiempo” a punto de estallar en la cara del próximo gobierno.

Todo inicia con graves horrores de planificación, que nos han costado mucho (pérdida de recursos, descapitalización y vaciamiento sectorial) y que en los próximos años, inevitablemente estaremos forzados a seguir pagando. Seguramente, recordaremos por largo tiempo al elenco de funcionarios que diseñaron y ejecutaron esta “política”.

Por razones aparentemente ideológicas, se promovió una política de desaliento a la inversión que desencadenó la pérdida del autoabastecimiento energético, que nos protegía de la insuficiencia y de la volatilidad de los precios internacionales de la energía. Como resultado de esa estrategia, la producción de hidrocarburos (sobre la que se apoya el 85% de nuestro abastecimiento energético) comenzó a desmoronarse constantemente desde hace nueve años, y las reservas cayeron estrepitosamente (40% en petróleo y 65% en gas).

Duró 10 años la inmutable inconsciencia de los funcionarios aplicando este esquema, hasta que el efecto demoledor de las importaciones energéticas puso en evidencia que el “modelo” ya carecía de viabilidad y se tragaba los recursos económicos para “hacer política”. Todo tornó en pánico, cuando resolvieron expropiar YPF en busca de soluciones mágicas, cuyos resultados sólo fueron vistos por Repsol empresa a la que deberemos pagar una indemnización de proporciones inéditas en la historia.

Mientras el Estado mantuvo superávit fiscal, el sector privado pudo participar en la construcción de dos centrales térmicas dentro del programa FONINVEMEM, y una tercera que está incompleta. Pero, cuando el Estado entró en déficit, la participación privada desapareció definitivamente de la escena, ante la evidente imposibilidad de recuperar las inversiones, partiendo de una CAMMESA que está quebrada y con sus cuentas en rojo.

El concepto de que se estaba ante una insuficiencia momentánea, fue un gravísimo error de apreciación que marcó nuevas aberraciones. Obras, como el gasoducto noreste que no se lograron concretar, costosas instalaciones provisorias para importar gas licuado y plantas de regasificación “flotantes”, incorporación de 72 centrales en 18 provincias (1185 MW de muy alto costo operativo) compuestas de grupos generadores transportables de baja potencia y poca eficiencia, etc.

Las pocas plantas generadoras térmicas de ciclo combinado que se terminaron (Manuel Belgrano y San Martín 800 MW cada una), estaban pensadas para funcionar con un combustible que ya no teníamos (gas) y ahora deben hacerlo con costosos productos importados –mayormente líquidos- que afectan su rendimiento y durabilidad. Cuando se complete el tercer proyecto (Vuelta de Obligado), se repetirá este absurdo.

Incluso se difundió un plan de dos a tres centrales nucleares del tipo PWR, sin considerar el significado de un cambio abrupto de tecnología, ni que el uranio del combustible que abastece nuestras plantas nucleares ahora también es importado.

 La “droga” consumista

Lo que verdaderamente disparó la demanda de energía fue el incentivo al consumo –que es la droga preferida para alimentar “el relato”-. Desgraciadamente, pese a lo que se repite desde las tribunas, los cortes no se produjeron a causa de una “mayor actividad industrial”, porque la industria con su módico 2,3% de crecimiento, jamás podría haber causado semejante pico de consumo.

El “cuello de botella” es consecuencia de la insensata estimulación del consumo eléctrico, pero sin la contrapartida de un programa para expandir la producción energética a niveles que permitiera abastecer ese mayor consumo. Esta “política” lógicamente terminó por crear un esquema de “doble crisis anual”, motorizadas por la venta de millones de equipos de aire acondicionado en verano (6.000.000 de aparatos en tres años), y por las estufas eléctricas y de gas en invierno.

Con excepción del frustrado operativo de repartir 4.000.000 de lámparas de bajo consumo chinas procedentes de Cuba (2008), tampoco existe un programa serio para el uso racional de la energía.

Menos en Argentina, esa política se practica desde hace 10 años ampliamente en todo el mundo, y ha quedado demostrado que, por esta vía, es posible reducir la demanda hasta en un 15%, lo que nos hubiera sacado de la “zona roja” en que nos encontramos ahora.

No hubo ninguna iniciativa para incorporar la tecnología de las “redes inteligentes”, que hacen más eficiente la producción y el consumo de energía.

Desde el Gobierno, se hizo todo lo posible para desalentar el desarrollo de los autoproductores, en aquellos segmentos que estaban en condiciones de invertir en estas usinas de generación para abastecer sus propios procesos industriales.

Los contratos directos, entre generadores y grandes y medianos consumidores, fueron absorbidos por la burocracia del Gobierno.

Antes de la aplicación de esta “política”, Argentina no sólo satisfacía todas sus necesidades energéticas con recursos propios, sino que exportábamos energía por más de 6.000 millones de dólares al año. Hasta 2006, la energía todavía representaba la mitad del superávit comercial del país.

Además de gas y electricidad, se exportaba el 32% de la producción petrolera, vendíamos derivados -fundamentalmente, naftas vírgenes para uso petroquímico- a varios países de la región. Inversamente, ahora somos importadores netos y pronto estaremos comprando a precios internacionales 70% del consumo doméstico de gasoil  

Es manifiestamente claro que la situación se ha invertido –ya no generamos ninguna riqueza vía exportaciones- y pasamos a gastar el 80% de todos las divisas aportadas por el sector agrícola (que es la principal exportación del país) para comprar distintas formas de energía al exterior.

Por otro lado, para recuperar el tiempo perdido en cuanto a potencia, habría que agregar 4 o 5.000 MW; y, para seguir el ritmo del crecimiento histórico del consumo, sumar generación a razón de otros 1.500 MW cada año.

Por todo lo señalado, queda claro que el desabastecimiento de energía eléctrica continuará en 2014 y –aun recomponiendo la inversión en centrales- posiblemente se extienda por dos o tres años más, siempre que el clima no nos juegue una mala pasada (sequía) que afecte el rendimiento de las usinas hidroeléctricas.

Entonces, no se entiende por qué, conociendo estas limitaciones, las autoridades no ejecutaron al menos el plan de reparaciones de equipos termoeléctricos antiguos. 

Por no hacerlo, la potencia térmica paralizada, sigue siendo demasiado elevada, y representa 4573 MW, es decir, un 20% de lo capacidad de generación efectiva, según el parte diario de CAMMESA. Y ese porcentaje, desgraciadamente, tiende a incrementarse por roturas, necesidad de parar las máquinas y uso de combustibles líquidos inadecuados.

El proyecto de dominación

Después de 10 años, estos “errores” ya no pueden ser atribuidos a la casualidad o la impericia, sino a la intención. Detrás del discurso, emerge un proyecto político implícito en el conjunto de decisiones implementadas.

El pasaje de una Nación autoabastecida y exportadora, hacia un modelo subordinado de importador energético masivo, sugiere un proyecto para causar el quebranto de la Argentina y quizá repartirse las ruinas ¿Dónde se originó? Es difícil decirlo; pero decidir la ejecución de un plan de estas características y sostenerlo durante 10 años pese a la resistencia del sector, requiere de cierto “expertise”, que claramente está más allá de la capacidad de sus ejecutores visibles y cómplices circunstanciales.

No podría concebirse una receta más contundente para eliminar nuestra independencia, que la destrucción sistemática y deliberada del pilar fundamental sobre el que se apoyaba nuestra autonomía económica.

Cuando este gobierno finalice su mandato, dejará un país encadenado a la dependencia extranjera estructural de larga duración. Esta nueva forma de esclavitud energética nos hipotecó a largo plazo, obligando al Estado a transferir al extranjero el doble que lo que representaba la deuda externa, antes de la implosión que llevó a la crisis de fines de 2001.

Y esta hipoteca crece a razón de 33% anual.

Esta vulnerabilidad es tan evidente que, si todas las plantas en construcción ingresaran a producir el año que viene –algo meramente hipotético ya que es materialmente imposible, tampoco alcanzarían para cubrir el crecimiento anual de la demanda eléctrica. Y sin combustible nacional, aumentarían las pérdidas debido a las importaciones por las compras al extranjero.

La generación termoeléctrica (60% del total) consume alrededor de 12.500 millones de metros cúbicos de gas natural, 2 millones de metros cúbicos de gasoil (98% importado) y 2,65 millones de toneladas de fueloil (60% importado). El 16% del gas natural consumido en usinas es de origen importado, con picos del 25% durante el invierno.

Todas las situaciones mencionadas, explican la fenomenal expansión de las importaciones de energía, ya sea en forma de electricidad o de combustibles para generarla. 9200 millones de dólares en 2012, 14.000 millones este año y se proyectan 16.000 millones para el año próximo. Una sangría que está vaciando aceleradamente las arcas del Banco Central y desequilibra el presupuesto del país, porque los subsidios energéticos se “tragarán” cerca de 80.000 millones de pesos, después de crecer 65% en 2013.Los subsidios totales (incluyendo el transporte automotor y ferroviario y el mayor déficit de las empresas públicas) alcanzarán a 150.000 millones (17% del presupuesto total de Nación Argentina).

Los recursos que se emplean para ocultar los efectos del déficit energético que el Gobierno ha creado con su “política” energética, son causa del estrangulamiento financiero en la gestión del Estado, una parte considerable de la inflación, el “cepo” cambiario y la pérdida de competitividad de la economía nacional.

Para entender mejor el problema, basta decir que el gas representa más del 50% del consumo energético del país.

Los productores argentinos del fluido reciben entre 3,5 y 7,5 dólares por millón de BTU (unidad térmica), mientras que el gas licuado que llega en 100 barcos del exterior debe pagarse a 17 dólarespor millón de BTU, y casi 11 dólares el gas boliviano. Con lo que Argentina transfiere a los importadores, los productores de Qatar, Trinidad Tobago y Bolivia, podrán invertir en proyectos para producir más gas para vendernos, mientras que los productores argentinos estarán condenados al estancamiento y declinación.

Sobre los 100 millones de metros cúbicos diarios que consumimos, estamos comprando en el exterior un tercio (con picos de hasta 45 millones de metros cúbicos por día).

Todas las comparaciones con las importaciones de gas que realizan otros países de la región (Chile y Uruguay) demuestran que, en Argentina, además se pagan grandes sobreprecios.

En materia de electricidad, el panorama de privilegio a la importación no varía. Los generadores argentinos perciben 120 pesos por megavatio generado y la energía importada, por ejemplo desde Uruguay se paga a 1700 pesos por MWh. En el caso de la energía importada desde Brasil (1000 MW), el costo es de 2600 pesos por megavatio hora generado. Con esos valores, uruguayos y brasileros construirán las nuevas plantas que nosotros dejamos de construir.

Y, recordemos que, en 2003 (antes del plan) el país exportaba gas y electricidad ganando mucho dinero.

Si se piensa que esta involución se debe a que prevalecen intereses inconfesables –decididamente antiargentinos- y bolsones de corrupción, no debería llamar la atención –entonces- que el único sector de la energía que crece constantemente y en proporciones abrumadoras, sea la importación de combustibles líquidos, gas natural y licuado y electricidad. Tampoco que en las últimas adjudicaciones, se haya preferido el suministro extranjero por sobre la capacidad de la industria argentina.

A este paso, en los próximos dos años, la cobertura del déficit energético, terminará consumiendo todas las reservas internacionales depositadas en el Banco Central, con las hoy que cuenta el país llevándonos a un nuevo “default” del que dudosamente podamos salir.

La enormidad de este derroche financiero es más que elocuente para imaginar la cantidad de soluciones que pudieron haberse implementado, utilizando esos recursos con un sentido estratégico, para recuperar un nivel aceptable de seguridad energética, sin perder el equilibrio social.

Crisis de las distribuidoras

Otra batalla decisiva se está perdiendo en materia de transporte y distribución.

Tanto Edenor como Edesur deben funcionar en un escenario paradójico.

El Gobierno aplicó un doble estándar durante los diez últimos años. Por un lado, fue aumentando los impuestos que cobra a la población de manera salvaje y también convalidó la suba de los combustibles de YPF (700% en el mismo período) pero por el otro, ha obligado a las distribuidoras metropolitanas de electricidad (y también a las de gas) a funcionar con sus tarifas congeladas desde 2003 hasta la fecha.

El mismo Estado, además, se lleva más de 40% de lo que pagan los usuarios en sus boletas en concepto de tasas varias e impuestos.

Con el saldo restante, las distribuidoras deben afrontar los costos operativos y la carga impositiva, factores que se encarecieron casi un 400% en ese mismo período. Claramente se trata de un deterioro oficialmente inducido, que se profundiza sin pena ni gloria. Las empresas ahora ya están casi fundidas, sufriendo pérdidas multimillonarias ($ 2,5 millones diarios), ante la más absoluta indiferencia oficial.

Como es lógico, esto repercute en la capacidad de las empresas para obtener financiamiento. La ausencia de recursos lleva a una disminución en la profundidad de los mantenimientos y bloquea las inversiones para mejoras y expansiones de las redes. El monto invertido anualmente por las distribuidoras se fue reduciendo hasta llegar a sólo 200 millones de dólares al año, apenas un tercio de lo que invertían en 2003 cuando tenían la mitad de la demanda actual. Como consecuencia, se estima que las redes metropolitanas necesitarían unos 2000 millones de dólares para ponerse al día

con el consumo que tenemos en la actualidad.

Como lo que pagan los usuarios no alcanza para solventar lo que realmente cuesta generar, transportar y distribuir la energía, el Gobierno implementó un sistema de subsidios al segmento eléctrico. Pero hay que destacar que las compañías eléctricas no reciben los subsidios –el dinero no ingresa a las empresas-, sino que lo maneja el Estado que canaliza los fondos a través de CAMMESA y ENARSA para importar combustibles, que luego entrega a las generadoras para producir la electricidad.

Hay que aclarar, que las tarifas congeladas rigen únicamente en el ámbito metropolitano, que representa el 37,4% de la demanda total del país. En todo el interior han sido incrementadas constantemente. Y esto determinó una gran disparidad de precios, que van desde los valores que se pagan en CABA y Gran Buenos Aires, hasta 10 veces más caros, por ejemplo en la provincia de Córdoba.

En estas condiciones, se comprende la razón por la cual es la red de distribución metropolitana la que presenta serios deterioros y falta de capacidad para responder. Está a la vista que no es capaz de soportar los picos en la demanda, que se producen cuando el termómetro supera por algunos días seguidos la frontera de los 32 grados, y el uso generalizado de los acondicionadores provoca las sobrecargas que suelen inducir daños de variada magnitud en las instalaciones.

Llegado ese momento, ya no hay nada que el Gobierno -ni tampoco las empresas- pueda hacer. Sólo trabajar como bomberos, improvisar, emparchando lo que se quema, decretar asuetos y empezar a contar los días para que la gente parta rumbo a sus vacaciones, y rezar hasta que pase el verano.

Este cóctel explosivo de falta de potencia e incapacidad de la distribución, desató el último gran corte; que dejó sin servicio a casi 50 barrios entre capital y el conurbano y a varias ciudades del interior (alguna de ellas grandes como Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, San Rafael, Santa Rosa, etc.). Y, hasta el momento, pasaron 15 días y siguen los cortes.

Ceguera oficial

En medio de la crisis, el Gobierno no logró articular una respuesta adecuada a un fenómeno que, como hemos visto, provocaron las prolongadas políticas de sus funcionarios. Con habitual mirada negadora, y en un gesto más histriónico que real, en lugar de tomar medidas para administrar la escasez (y pasar el mal momento con organización), prefirió amenazar a las distribuidoras con estatizar el servicio y anunció la aplicación de multas y, varios días después, ofreció el bálsamo de resarcimientos económicos a familias y comercios perjudicados.

De tanto negar la posibilidad de una crisis energética, los funcionarios del gobierno terminaron creyendo su propia mentira y, al momento de producirse los cortes, no tenían preparada ninguna estrategia, ni plan de contingencia para enfrentar la situación.

Para mostrar mayor desconcierto oficial, Jorge Capitanich (Jefe de Gabinete) agregó que una de las «hipótesis de trabajo» de la Casa Rosada era «la transferencia directa (del servicio eléctrico metropolitano) a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», dos jurisdicciones que se apuraron a rechazar esa posibilidad. El Gobierno, como única acción oficial conocida, se limitó a inaugurar un call center con 16 telefonistas amables para «humanizar» la respuesta negativa a los reclamos de las víctimas de los cortes.

En medio de la crisis (con miles de personas reclamando en las calles) el Jefe de Gabinete (Capitanich) en compañía del Ministro de Planificación (De Vido) volvieron a recorrer las inconclusas obras de Atucha II por enésima vez, en una absurda y penosa parodia de gestión.

No hubo nada de nuevo. La reacción fue un calco de lo acontecido en noviembre del año pasado, cuando el megacorte ya mencionado dejó sin electricidad a 3.000.000 de usuarios. Las culpas invariablemente recaen sobre los otros –nunca sobre los verdaderos autores- y, en última instancia, todo termina siendo obra del almanaque y de San Pedro con sus “caprichosas” temperaturas veraniegas. Al decir del Ministro de Planificación –en un rapto de obseno humor negro- sólo se trata de «una catástrofe, un estrago climático, como un tornado sin viento» (sic.).

Responsabilidad indelegable

Funcionarios confundidos, incompetentes o maliciosos, actúan como si la prestación (o no) del servicio eléctrico fuese un problema ajeno al Gobierno; cuando la responsabilidad oficial es absolutamente inexcusable.

Porque el Estado es el propietario original del sistema y, por lo tanto, el encargado de brindar el servicio público. Y fue el Estado, ejerciendo ese carácter de dueño, quien decidió contratar a otros (los “concesionarios”) para que cumplieran en su nombre esa obligación para con la sociedad. La “privatización” no diluye –sino que aumenta- la responsabilidad del Gobierno que, para asegurarse la prestación del servicio público el país tuvo que proveer al gobierno de una legislación (Marco Regulatorio) y constituir los órganos necesarios de supervisión y control.

Pero fue el propio Gobierno el que –en los hechos- dejó de lado esta normativa, prolongando sin fecha de vencimiento la emergencia económica, decretada después de la crisis de 2001. Nunca se cumplió el compromiso establecido por la Ley Nº 25.561 (que obligaba a las empresas a renegociar sus contratos). Los entes creados para controlar, que debían ser conducidos por técnicos de probada experiencia y trayectoria en el sector (designados mediante ratificación del Congreso), llevan años

intervenidos por el Gobierno y en manos de “comisarios políticos”, como es el caso de los delegados de “La Cámpora” en CAMMESA.

Estas irregularidades, anulan la autonomía técnica necesaria para actuar y aseguran la subordinación de los Entes al poder político.

Un sistema manejado a discreción por los funcionarios políticos y sin ninguna Ley que se cumpla, está a la deriva.

En los últimos días, ha quedado en evidencia que la crisis energética ha cobrado una dinámica propia, y se erige como el verdadero “Talón de Aquiles” del futuro argentino. Tenemos la certeza que será en el terreno energético donde se jugará la gobernabilidad de las instituciones políticas argentinas y la competitividad de toda la economía.

¿Qué hacer?

Desde el comienzo he señalado que estamos en presencia de una crisis inducida desde el poder político del Gobierno.

Por lo tanto, en el desarrollo de la propuesta de soluciones seguiremos un orden inverso al seguido durante los últimos 10 años. Comenzando a resolver primero las cuestiones institucionales, siguiendo por las medidas de corte político para después plantear los mecanismos para reducir importaciones y subsidios. Y, por último, un plan de medidas para gestionar una salida para la actual emergencia.

Esta es una propuesta perfectible, con el aporte enriquecedor de otros integrantes del sector; pero es un programa enfocado a una solución de fondo al problema que tenemos. Por el contrario, sería un desastre que alguna mente obnubilada por la desesperación, recurra al último punto de este aporte y deje subyacente la “política” que terminará por destruirnos como Nación.

1.- Medidas Institucionales

El Gobierno –a través de la presidenta- ha dicho que además de las críticas, está dispuesto a escuchar e implementar soluciones. Y las soluciones existen. Pero es evidente que no pueden ser instrumentadas por los mismos funcionarios que, con tanta constancia, se dedicaron a abrir la puerta del infierno en que nos encontramos.

De modo que, la primera medida que debe tomar el Gobierno está clara.

El poder político tiene la responsabilidad de resolver el problema de calidad institucional que se ha planteado, restaurando la credibilidad a partir de interlocutores competentes para conducir el sector.

Esto significa, que deben estar al frente los equipos de profesionales, expertos y técnicos de más alta capacidad de planificación, con amplia trayectoria dentro del sector, para que cualquier decisión política en materia de energía se encuentre fundamentada y respaldada por una gestión profesionalizada que realice el interés nacional.

Un sector energético, calificado, liberado de “comisarios”, “prebendarios” y del “capitalismo de amigos”.

2.- Medidas Políticas

La crisis es energética, no “eléctrica” y por lo tanto, dado su carácter estratégico, urge fijar una POLÍTICA DE ESTADO DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES, que perdure en el tiempo, más allá de las administraciones gubernamentales. Esto se puede lograr únicamente a través del consenso político y técnico, planificando con realismo económico y sensibilidad social.

Todas las fuerzas políticas y actores sectoriales involucrados deberían ser convocados a aportar a sus mejores técnicos y profesionales, para establecer las bases de un PACTO NACIONAL POR LA ENERGÍA para un relanzamiento integral de la industria energética. Así lograremos que el poder político supere el simple voluntarismo, el autismo y la soberbia y que las decisiones del Estado estén fundadas en los conocimientos de expertos, en ideas de los empresarios y, en el aporte de profesionales, asociaciones de usuarios y trabajadores.

Este acuerdo tendrá como objetivo prioritario establecer los lineamientos estratégicos para recuperar el autoabstecimiento, constituir una industria de la energía auto sostenible, que aporte a la generación de riqueza con los recursos del sector energético. Evidentemente, el acuerdo deberá incluir las propuestas para transformar la actual matriz energética –que hoy depende casi 90% de los hidrocarburos-, mediante la diversificación de las fuentes y con la incorporación de nuevas tecnologías,  aprovechando al máximo la variada dotación de recursos con que cuenta nuestro país.

Este diálogo intersectorial debe comenzar lo antes posible, porque para solucionar el gravísimo escenario que se nos presenta, necesitamos decisiones de alta calidad y una plataforma de ideas a ser implementadas desde el primer día.

La unidad en la acción se logra cuando hay unidad en la concepción. El Estado, aportando el marco jurídico, la planificación y el sostenimiento de los proyectos indelegables, los inversores nacionales y extranjeros su visión emprendedora, los proveedores su capacidad innovadora y los profesionales, técnicos y trabajadores, su experiencia.

La continuidad programática entre las administraciones es tan fundamental como la seguridad jurídica, lo mismo que garantizar transparencia en el acceso a la información, control conjunto del gasto, y sancionar con la mayor dureza cualquier forma de corrupción.

Pese a la crisis a que estamos sometidos, cualquier observador imparcial, contemplado nuestras posibilidades y capacidades, podría decir que los argentinos no tenemos energía….porque no queremos.

3.- Mediano y largo plazo

De los pasos institucionales y políticos anteriores, debe surgir un “Plan Energético Nacional” consensuado en base a objetivos y estrategias a 10 y 20 años. El Plan, entendido como una visión de mediano y largo plazo, considerará las proyecciones de la demanda, los recursos disponibles, sus características, formas de combinación y los tiempos de ejecución de las distintas alternativas.

Este horizonte, generará las condiciones de previsibilidad para que obras importantes, como Garabí, la IV Central Nuclear y, algún proyecto avanzado de carbón de gran potencia, puedan tener continuidad y completarse en los plazos normales, con estricto cumplimiento de los presupuestos y a costos competitivos internacionalmente.

Los desarrollos del petróleo y gas no convencionales, los grandes emprendimientos hidroeléctricos y los nucleares necesitan tiempo y capital intensivo. Ninguno de estos proyectos demora menos de 7/8 años hasta comenzar a producir. Y todos sin excepción trascienden el plazo del mandato de un gobierno.

Pero también los recursos requeridos para hacerlos marchar proceden de diferentes orígenes. Y un “Plan Energético” acota los riesgos y favorece el ingreso de inversionistas privados a la actividad generadora que no recaiga sobre el Estado.

Los hidrocarburos, como actividad de riesgo por definición, están naturalmente destinados a atraer actores principalmente externos, a las mayores empresas petroleras que cuentan con grandes “espaldas”, corporaciones que sólo aparecerán en la escena cuando exista la garantía de una Política de Estado consistente, aprobada por Ley.

Otras fuentes, como la nuclear, necesitan del respaldo financiero del Estado y una planificación que privilegie las capacidades adquiridas y logradas en el país.

Las grandes hidroeléctricas, tal vez requieran esfuerzos financieros internacionales combinados (como se hizo en Salto Grande o Yacyretá, que podría replicarse, por ejemplo, en Garabí).

En cambio, las energías renovables (proyectos eólicos, mini-hidráulicos, de biomasa, biocombustibles y –tal vez- solares) que en comparación tienen tiempos muy cortos de ejecución, para prosperar sólo necesitan liberarse de las ataduras burocráticas que se les han impuesto, normas claras, un clima de negocios a largo plazo y remuneraciones adecuadas, para que puedan acceder a la financiación.

Como se ha visto en otras latitudes, estos proyectos pueden ser emprendidos por el capital privado de empresas de diversa envergadura y hasta por individuos, en el caso de la energía solar y eólica vinculada a la red. La experiencia internacional demuestra que no se debe menospreciar el aporte de los sistemas domésticos e industriales (solares y eólicos) conectados a la red.

El potencial argentino para los biocombustibles y la biomasa en pequeña y mediana escala en gigantesco, basta liberarlos del freno que hoy impone la burocracia para que puedan aportar soluciones medianamente rápidas, que nos faciliten el tránsito hacia un sistema sustentable y estabilizado.

Las redes de transporte y distribución eléctrica, requerirán con urgencia una atención especial y la incorporación de modernos conceptos de “redes inteligentes” que permitan administrar mejor la escasez y faciliten la masificación de las energías renovables.

El papel combinado de estos recursos –y la introducción de políticas continuas de eficiencia energética- debería verse como el “Puente de Plata” que compense el sistema, reduzca o elimine la necesidad de importar y nos dé el tiempo necesario para que entren a funcionar los grandes proyectos.

Los gobiernos municipales en materia de iluminación pública deberían incorporar gradualmente un porcentaje de luminarias con cargadores solares y baterías autónomas, para mantener el servicio aún en medio de las fallas o cortes y eventualmente alimentar las cámaras de seguridad para prevención de los delitos y desmanes que suelen propiciar los apagones.

4.- Medidas de reducción de importaciones y subsidios

Las reducciones en los montos de las importaciones puede leerse también como una reducción de la necesidad de subsidiar o como fondos que se liberan para aplicarse a programas de ampliación de la capacidad energética que sería lo más indicado en esta emergencia.

Hay mucho por hacer respecto del gas y petróleo convencionales, especialmente de los yacimientos considerados maduros donde la aplicación de nuevas tecnologías –como se ha comprobado para aplicar en reservorios de gas- permiten rápidamente seguir recuperando reservas que hoy ya no se contabilizan, induciendo simultáneamente a una baja en las importaciones.

Entre tanto, para reducir el costo de las importaciones de gas, se pueden hacer compras conjuntas con Uruguay y Chile de gas natural licuado. Argentina compra un 30% más caro que los países vecinos y nuestra cuenta puede bajar aún más con la gestión adecuada.

Hay plantas eléctricas que ya han hecho pruebas con biocombustibles que se producen en el país.

Esta política s puede extender a muchas otras, reduciendo el uso del gasoil y fuel oil importado y de muy alto costo. Otras unidades, pueden adaptarse a quemar carbón cuyo precio es mucho menor.

La necesidad de importar electricidad también puede ir reduciéndose a medida que se ataque la alta indisponibilidad termoeléctrica, aplicando las nuevas tecnologías de rehabilitación de las plantas (retrofits) que representan costos y plazos inferiores que una construcción nueva y, que además, extienden la vida de estas unidades por dos o tres décadas.

Aunque no resulten ser los equipos de la mayor eficiencia, siempre serán mucho más económicos (una cuarta parte) que lo que cuesta electricidad importada que proviene de los países vecinos (además su producción no consume divisas y nos aleja de la falta de reservas frente a los picos de demanda).

En el mercado mundial hay usinas térmicas y eólicas reacondicionadas, que se pueden adquirir a precios muy bajos y que son capaces de estar funcionando en poco tiempo como potencia agregada en nuevas centrales. Uruguay ha demostrado que este sistema puede aportar rápidamente una capacidad similar a la de nuestra central nuclear Atucha I.

Tal vez haya llegado la hora de considerar un fomento activo a la autoproducción, en donde esta política puede ser eficiente, con sistemas de entrega a la red y doble medidor (ida y vuelta) cuando se produzcan excedentes. Esto es muy común en diversos países de Europa.

En cuanto a las distribuidoras, evidentemente, las tarifas no pueden seguir congeladas hasta el límite de no poder mantener y ampliar la red, pero sabemos que una actualización completa carece de viabilidad social y política.

Una opción válida en la renegociación podría ser segmentar los precios de la energía, de acuerdo a varias categorías de consumo –que tiene larga historia en el país- puede ayudar a encaminar el difícil tema de cubrir los costos principalmente con recursos genuinos. Por ejemplo, en el caso de la electricidad a domicilios, los primeros 300 kW vendrían como un abono básico, los segundos 300 kWh ya tendrían una tarifa más alta y así hasta llegar a los grandes consumos que, pasadas estas cifras límite, pagarían la tarifa normal (o inclusive más).

El 88,5% de los usuarios residenciales consumen menos de 1.000 kWh por bimestre, el 11,1% entre 1.000 y 2.800 kWh y sólo el 0,4% más de 2.800 kWh. Esto significa que los sectores con ingresos medios y bajos verían un impacto significativo en sus boletas, recién en los últimos 400 kWh, estimulando el uso racional de los artefactos para evitar ingresar a esa franja. Los jubilados y quienes reciben planes sociales podrían recibir un descuento –en lugar de un subsidio- por ejemplo, condonando la carga impositiva que grava cada factura.

Volver a la Ley es imprescindible. La solución exige que el retorno gradual a la normalidad, sea una gestión de “sintonía fina” donde los mayores costos sean atemperados por aumentos en la oferta energética, el regreso de las exportaciones y la ayuda de toda la sociedad a los sectores más frágiles y postergados.

Finalmente, puede contribuir a una reducción del consumo, y por ende de la necesidad de importar, el programa de corto plazo y de gestión de emergencias que se señala a continuación y las medidas –voluntarias y compulsivas- para el uso racional de la electricidad.

Gestión de las emergencias

En la coyuntura inmediata, es evidente que habrá que administrar la escasez, limitando sus peores consecuencias. Ya se ha dicho que hay que hacerlo con estricta justicia, protegiendo a los menos favorecidos, que son muy numerosos y suelen ser los más perjudicados. Es imprescindible declarar el “Estado de Emergencia Eléctrica” por espacio de 90 días, y ratificar la medida por el Congreso Nacional.

Dentro de esa declaración, se propone la constitución de un Comité de Emergencia Multisectorialresponsable de supervisar los planes de contingencia de generadores, transportistas y distribuidorascon anticipación a los momentos críticos del año. Para atender con prioridad a las zonas “calientes” del sistema y contar con sistemas alternativos y asistencia rápida.

Un factor fundamental mientras dure la emergencia es la campaña de concientización para reducir voluntariamente el consumo.

Se requiere la colaboración de todos los medios de comunicación para lograrlo. Es importante que el ciudadano con servicio haga un esfuerzo personal para racionar su propio consumo eléctrico: programar los acondicionadores en la franja de menor consumo y apagarlos cuando no se los necesite, no utilizar equipos de alto consumo como parrillas y hornos eléctricos, secarropas, planchas, evitar los microondas, apagar luces innecesarias, desconectar los equipos con controles remotos que permanecen en “stand by” consumiendo, desenchufar los cargadores de celulares una vez utilizados, si tienen más de una heladera o freezer concentrar todo en un equipo, etc.

Mientras dure la insuficiencia, el Comité debería tener poder para planificar un régimen de cortes preventivos, con horarios rotativos para que ningún segmento permanezca más de dos horas sin servicio. El objetivo es mantener todos los sistemas activos con los recursos disponibles. De tal forma, todo tipo de usuario (industriales y domiciliarios) pueda conocer con anticipación el horario de los cortes de electricidad y planificar sus actividades. El principio orientador es la justicia, la equidad y el “esfuerzo socialmente compartido” para gestionar transparentemente la situación de

crisis.

Con sólo dos horas de aporte, aplicadas estratégicamente, se podría ahorrar un 8 a 9% de la energía consumida diariamente, sacando al país de la insuficiencia de potencia que se presenta en los picos de demanda. También, al ser cortes planificados pueden descongestionar zonas de alto consumo puntual, evitar el recalentamiento de cables y la sobrecarga de los transformadores en la distribución.

Un plan de administración de la escasez es mucho más que un programa de cortes.

En las regiones más comprometidas por daños serios a las instalaciones (barrios y localidades del Gran Buenos Aires) la asistencia a usuarios debería coordinarse con las autoridades locales, proveyendo generación de emergencia, equipos de bombeo de agua y otras necesidades (potencia auxiliar para ascensores) según sea el caso.

Otras medidas que suman en la gestión de la emergencia son: limitar y hasta prohibir las luminarias de las vidrieras en todas las ciudades y pueblos, el cambio de horario (inverno y verano que ahorra 9 % de energía para iluminación), eliminar los impuestos y hasta subsidiar la compra de equipos generadores de emergencia (que pueden ser instalados en edificios de varios pisos y en hogares de cierta dimensión o habitados por muchas personas).

También se puede gravar con un cargo provisorio por mayor potencia a la venta de aparatos de alto consumo eléctrico y utilizar estos fondos para ampliaciones de potencia y redes.

Las medidas de restricción (uso de iluminación, aire acondicionado, racionalización del consumo) deben aplicarse a los edificios públicos, salvo en los locales de atención. Como medida de mediano plazo, todos los edificios de uso imprescindible para atender las necesidades sociales deben contar con generadores de emergencia. Y aquellos que los tengan, encenderlos y desconectarse de la red durante determinados horarios.

Los espectáculos y actividades que requieran uso intensivo de energía deberán programarse en zonas y horarios no congestionados, o eventualmente postergarse para fechas con menor probabilidad de fallas.

Consideraciones finales

Movilizar el sector energético no será tarea fácil, pero es vital para que Argentina tenga futuro, solo hay que tomar la decisión, porque todos los actores están esperando el cambio.

Justamente, el gran desafío energético argentino consiste en superar la crisis restaurando el mecanismo creador de riqueza, fundado en la colaboración entre el sector público y privado para lograr el objetivo común de la seguridad energética del país y luego, aprovechar estos recursos para proyectar la expansión económica argentina.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013

Carlos José Aga

Presidente

Fundación “Consejo para el Proyecto Argentino”

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado