El Derecho a . . .

2014

 

Mario Sandoval

El derecho
 
a la 

resistencia,

la rebelión 

y a la desobediencia.

En nombre de la libertad, la justicia y  los derechos humanos. La Argentina vive actualmente momentos graves, su futuro está en juego. Numerosas amenazas recorren el territorio nacional: Por Prof. Mario Sandoval- Envío especial: Total News (TNA)  ... gobierno cleptocrático dictatorial, corrupción institucionalizada, violencia inter-sectorial coordinada por el Estado, seguridad negativa permanente bajo protección del estado y magistrados, políticas de gobierno de no reconciliación, de venganza y de polarización de la sociedad, impunidad en las acciones de los actores de gobierno y sus asociados, criminalidad creciente, manipulación histórica decretada por las autoridades en plaza, inseguridad jurídica como forma de justicia, pobreza en pleno crecimiento, reducción de libertades y otros indicadores multi-dimensionales negativos. Las víctimas son numerosas sin diferencia socio-profesional. Los autores de esas amenazas son los hombres y mujeres que en un período reciente combatieron al Estado, la sociedad y sus instituciones como miembro de organizaciones terroristas con el objetivo de llegar al poder por las armas.  Varios de esos actores políticos, fervientes defensores de los derechos humanos, tiene sangre en las manos. Son responsables de numerosos atentados, de asesinatos de inocentes, de crímenes atroces, robos, secuestros, extorsiones. Esos crímenes y delitos están impunes a la fecha. El hecho de haber sido terroristas les otorga ese beneficio. ¿Qué poder legitima a los mesías que defienden los derechos humanos a hablar en su nombre y del pueblo cuando oportunamente contaron detalladamente, publicaron, reconocieron públicamente haber organizado, ejecutado, comanditado, acciones violando todos los principios los más elementales de los derechos humanos?. Quien asume lo contrario se transforma en enemigo. En lugar de asumir sus responsabilidades, sus actos (según dicen políticos), de enfrentar la justicia prefieren justificar lo inaceptable, presentarse en tanto que victimas, protegerse detrás del poder, la desinformación o del olvido. Argumentan que en sus acciones representaban el pueblo cuando en realidad eran miembros de grupos armados y no de una asociación legal o partido político. Todo es teoría de complot si se quiere hacerle tomar conciencia de ello. La reconciliación nacional no forma parte de la política del gobierno o de las acciones de sus aliados. Actualmente, son parlamentarios, magistrados, altos funcionarios de la administración, periodistas, artistas, profesores, diplomático, ministros, hombres políticos, intelectuales, militantes de ONG’s....pero años anteriores eran sargentos, capitanes, tenientes, aspirantes, combatientes, oficiales, colaboradores de las organizaciones terroristas. Cambiaron de forma de vestirse, de técnicas de combate pero están constantemente en guerra. Lejos están de asumir el rol y sus responsabilidades de ese momento histórico. Dejaron víctimas inocentes nacionales y extranjeras que a la fecha unos impunemente están en libertad y otros esperan que la justicia se manifieste. Cuanto de esas ilustres personalidades de todos horizontes, bien presentables, con trajes y vestidos de marca, ocupan puestos en instituciones que ellos mismos quisieron destruirlas. Este régimen totalitario con rasgos de democracia es antidemocrático e ilegitimo en el ejercicio del poder. Se violan los derechos humanos y sociales, en donde la corrupción, el odio del pasado, la inseguridad pública como jurídica, son los pilares básicos del gobierno.  La  igualdad ante la ley es inexistente pero además la cultura de miedo y terror se instalan para impedir de solicitar justicia; es hora entonces de defender la nación, sus instituciones, el pueblo y la democracia porque el peligro es real. Los responsables de esos crímenes graves tienen nombre y apellido: los actuales dirigentes del gobierno, sus autoridades legislativas, judiciales, ejecutivas y sus acólitos de los sectores públicos y privados de todos los diversos ámbitos de la sociedad. La resistencia, la desobediencia a esas políticas y acciones de estos actores debe ser total, permanente y general. El curso de la historia debe ser otro, sobretodo de reconciliación nacional, democrática, lucha contra la corrupción, de respecto de normas nacionales e internacionales. Las autoridades políticas de los tres poderes del régimen actual pero también sus seguidores de todos los sectores, los oportunistas adscriptos, los altos responsables institucionales civiles, militares, de seguridad, policiales, penitenciarios, de servicios de inteligencia, que asumen actitudes pasivas frente a esos crímenes contra la democracia y los derechos humanos, son responsables ante la historia, sus ciudadanos, la sociedad y la comunidad internacional El gobierno y sus cómplices violan los principios constitucionales, las normas jurídicas, las convenciones, tratados suscriptos y el derecho internacional. El poder político y sus asociados secuestraron, violaron, y asesinaron la historia nacional. Manipulan, deforman un pasado doloroso que pone en riesgo la construcción futura del país, alejándose la posibilidad de una reconciliación nacional. Ningún magistrado miembro de un alto tribunal de justicia, juez, procurador, fiscal, como tampoco un hombre político a nivel nacional o provincial, representante del universo intelectual, del sector empresarial, industrial, o de los medios de comunicación diversos, de las artes y culturas, periodistas comprometidos con la verdad, como también las asociaciones profesionales, ONG’s, profesores universitarios....han denunciado públicamente esa situación y propusieron soluciones o acciones respectivas. Prefieren no atacar al sistema, guardar sus beneficios, sus prerrogativas, y dejar que la sociedad y el porvenir del país se hundan en lo más profundo de la decadencia. El silencio de sus manifestaciones es ensordecedor. La pasividad o el miedo alarmante se imponen como forma de vida sin presentar ninguna forma de resistencia. Frente a estas amenazas crecientes que el gobierno cómplice y beneficiario no aplica políticas para frenarla y ante el peligro inminente que la nación se transforme en un caos general o la anarquía reine, es una obligación constitucional defender los valores de justicia, igualdad, libertad, democracia... La resistencia, la rebelión y la desobediencia son derechos naturales y legales que se deben asumir. La insurrección no está jamás muy lejos. Hay que defender por todos los medios los derechos y libertades de la sociedad porque nadie quiere hacerlo en vuestro lugar. Con el fin de la guerra fría los grandes países europeos y los Estados Unidos dieron las espaldas a la región. Los intereses están en otras regiones (Medio Oriente, África, Mediterráneo...). Allí las intervenciones se hacen en nombre de la protección de poblaciones en riesgos, de violaciones de los Derechos Humanos, de no respecto de la democracia... La Argentina y la región ya no son prioridades no porque no se violen los Derechos Humanos o porque existan gobiernos alejados de principios de democracia, sino porque interviniendo, ayudando, cooperando en esas otras regiones, esas potencias pueden obtenerse más beneficio, más rentabilidad a menor costo político y ya no tienen los mismos aliados de entonces. Las consecuencias, no muy lejanas con este régimen, serán las no deseadas. Esos cambios ya se los observa cotidianamente, estarán ahí aun más, en la sociedad, en las familias, en los jóvenes, en la educación, en las instituciones, en el estado. La Argentina será la Argentina revolucionaria de los pueblos o la Argentina revolucionaria sin el pueblo. Para los que quieran crear un nuevo contrato social, en vista de un nuevo modelo de sociedad y de Estado, de reconciliación nacional, es urgente asociarse, resistir, combatir. Generar recursos de toda naturaleza, convocar, provocar una ruptura histórica que sirva a esos objetivos. Hay que asumir el deber constitucional de proteger los derechos inalienables con todos los recursos disponibles. La transición no se puede esperar por el lado de la justicia o de los beneficiarios del régimen. Solamente una acción política puede modificar la situación. Y ello solo puede venir de una implosión o de una acción exterior. No hay otras alternativas para la libertad. ¿Cómo hay que hacer para despertar conciencia que no solo está en juego la situación de algunas personas sino también el futuro del país y de la sociedad en su conjunto? La libertad de todos peligra. Esperar cambios sin reaccionar, sin participar, sin hacer proposiciones de proyectos alternativos es garantizar las acciones del régimen. Los que hoy controlan la sociedad tienen miedo del otro, miedo de aplicar realmente la democracia, miedo de combatir las ideas, sobretodo miedo que se descubra la verdadera cara que es la defensa de otros valores que no son de democracia, de libertad, de respecto de los derechos humanos. Cada ciudadano, hombres y mujeres, desde su puesto de trabajo o en sus hogares deben ser actores activos y testigos privilegiados para hacer respectar las reivindicaciones, creando una representatividad organizacional, asociando los esfuerzos, voluntades idénticas, manifestando, comunicando, solicitando las consultaciones previstas para la constitución. Ciudadanos, civiles y militares, no se debe reconocer el gobierno ilegitimo de turno, sus autoridades, sus jueces, los altos funcionarios nombrados por el régimen como tampoco los parlamentarios que no defienden el pueblo.  Resistir, desobedecer en nombre de la libertad. -    Los miembros del poder judicial, las autoridades militares, policiales, seguridad, inteligencia, penitenciarias, no deben cumplir con las órdenes ilegitimas e ilegales que son contrarias a los principios del derecho a proteger. -    Las organizaciones sindicales, profesionales y las ONG’s deben jugar un rol de pacificación nacional y no corporativistas o ideológicos. -    El gobierno ilegitimo debe imponer programas en las escuelas, en las universidades, en los centros de educación que enseñen la verdadera historia dolorosa de los años pasados y realizar publicaciones respectivas. -    Los autoridades judiciales, policiales, inteligencia y penitenciarias deben hacer respectar las normas jurídicas nacionales e internacionales con los prisioneros y perseguidos políticos. -    El gobierno ilegitimo nacional debe comunicar la verdad sobre la situación dolorosa que vivió el país. Su política pública al respecto, las ayudas financieras, judiciales, políticas -    El gobierno nacional ilegitimo debe comunicar en qué medida su política de Derechos Humanos contribuyó según los indicadores internacionales a reducir la pobreza, la desigualdad, el desempleo, a mejorar la vivienda, la educación, el acceso a la salud y a la igualdad ante la ley. -    La justicia y el gobierno ilegítimos deben terminar con la persecución política y dejar en libertad a todos los prisioneros políticos. -    Los periodistas y medios de comunicación deben hacer conocer la verdad a la sociedad y no ser el portavoz del gobierno ilegitimo o de sectores ideológicos partisanos. -    El gobierno ilegitimo y sus autoridades deben solicitar que la iglesia católica asociadas a las otras religiones jueguen un rol federador, de propuesta en vista de la reconciliación nacional. -    Todos los miembros del gobierno nacional, provincial, parlamentarios nacionales y provinciales, altos funcionarios, colaboradores próximos, representantes de los tres poderes, sus familiares directos, deben facilitar el acceso al publico de sus declaraciones juradas para poder evaluar sus patrimonios actuales. Basta a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales.... -    El gobierno debe comunicar la política de financiamiento a las ONG’s, los montos atribuidos, tiempos, objetivos. -    Los parlamentarios deben proponer leyes de reconciliación nacional -    Los jueces, magistrados, procuradores, fiscales, autoridades judiciales, respetuosos de la democracia y la constitución, deben dar curso a las denuncias de las víctimas del terrorismo de las organizaciones armadas. La justicia y el gobierno deben responder a un sector de la sociedad que espera un reconocimiento e igualdad jurídica. -    La justicia independiente debe investigar, juzgar, sancionar los miembros del gobierno, las autoridades nacionales, personalidades próximas del poder, los responsables de organizaciones afines, que violen la ley, los principios constitucionales y el mal desempeño en sus funciones. -    El juicio político debe ocupar un rol esencial para estos personajes. No dejar que tribunales populares o de justicia ad-hoc puedan reemplazar ese procedimiento. Estas autoridades y actores solicitados serán vigilados por la sociedad, la comunidad internacional, juzgados por la historia y por el peso de la justicia del pueblo.